Un Diccionario Jurídico Navarro del siglo XVI. Estudio del origen del Fuero General (Juan José Otamendi R. Bethencourt). Nº 4. Revista Jurídica de Navarra

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El derecho Foral Navarro. El examen de la ley foral y los principios generales del Derecho Navarro conforman el cuadro foral de las fuentes . Concluye el profesor Sancho Rebullida con la exposición del status questionis del Derecho Foral Navarro ante los controles constitucionales y las perspectivas de futuro de los principios propios del Derecho Foral Navarro frente a los principios políticos imperantes. Cierra el volumen el Magistrado José Arregui Gil, quien se ocupa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, analizando las normas que al respecto se contienen en la Constitución y en los diferentes Estatutos de Autonomía, para luego dedicar una especial atención al Amejoramiento del Fuero y exponer la regulación de la materia en los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial que eran objeto de elaboración en aquel momento. A la luz de aquellos textos intenta determinar la naturaleza jurídica de este Tribunal, su posible forma de constitución en cuanto a número y nombramientos. la configuración de su Sala de gobierno y del régimen disciplinar, y la articulación de los recursos que se pudiesen instar ante el Tribunal Supremo. La obra, reflejo de la situacion jurídica de Navarra en los años 1983 y 1984 -aspecto que no debe perderse de vista al enjuiciarla-, resulta, en síntesis, de notable calidad y ha contribuido y seguirá contribuyendo, sin duda. a despejar algunos de los muchos interrogantes que el Derecho navarro y el Régimen Foral presentan. MARÍA ANGELES EGÚZQUIZA JUAN JOSE OTAMENDl R. BETHENCOURT: Un diccionario Juridico Navarro del siglo XVI. Estudio del origen del Fuero General. Aranzadi, Pamplona 1986. Después de haber comentado las Reformas de los Fueros’ realizadas en la Baja Navarra y en Bearne en el siglo XVI, en los números 1 y 3 de la Revista jurídica de Navarra, a través de los respectivos.libros publicados, llegamos a esta obra que marca un nuevo hito en la investigación de las fuentes jurídicas. El Autor nos abre a la luz de hoy, textos fundamentales de nuestra tradición jurídica desde el siglo XII al XVI. Ante el inusitado interés de la misma he optado, por un resumen casi literal, obligado por el espacio y confiando en la comprensión del autor para el conjunto de este comentario. El trabajo lo ha realizado principalmente sobre el Códice 279 de la Biblioteca Nacional en el que figura un texto con letra del siglo XIV del Fuero General de Navarra. más primitivo que el editado, y los dos primeros Amejorarnientos con letra del siglo XV, al final del citado Códice va el texto con letra del siglo XVI que Otamendi ha denominado Diccionario Jurídico. El Fuero General del manuscrito 279 pertenece a la serie A. la más antigua de los tres grupos de textos A, B YC, en que se clasifican según José María Lacarra la treintena de manuscritos existentes del Fuero General. El Fuero General editado pertenece a la serie C. La mayoría de estos manuscritos se hallan repartidos entre Dresde, Estocolmo, Londres, Archivos Nacionales Franceses de París, Bibliotheque National de París, Biblioteca Nacional de Madrid, Cámara de Comptos y Catedral de Pamplona, entre otros. El hecho de que capítulos del Fuero General editado no figuren en los de la serie A no quiere decir que se trate de un precepto posterior, pues los referentes a caza, costerías y pastos tienen un contenido tan antiguo como otros preceptos de las series anteriores, aunque su compilación o inclusión como texto del Fuero General haya sido posterior. Al contrario ocurre con trece capítulos del Fuero General 279 que no figuran en el texto editado. El Fuero General más antiguo de todos por su contenido es el del Códice de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia denominado 0-31. Según Otamendi este texto tiene escasa relación con el denominado Fuero de Jaca y la posibilidad, por su contenido, de haberse redactado en tiempos del reinado de Sancho el Sabio (1150-1194), por ausencia de disposiciones posteriores que sí figuran en los restantes manuscritos. Tampoco figura el denominado Fuero Antiguo. Empieza su capítulo 10 con la confirmación de los fueros que hizo Sancho el Sabio. El Autor dc la obra que comentamos discrepa de la opinión dominante sobre el origen del Fuero General por las siguientes razones: ” a) El Fuero Antiguo no surgió de la avenencia de las Cortes de Estella de 1238 sino que fue redactado por un reducido grupo de nobles en provecho propio e impuesto a Teobaldo 1 antes de su coronación en 1234. b) En consecuencia, nada tiene que ver el Fuero Antiguo con el Derecho tradicional navarro sino que se trata de una redacción “ex novo”. c) El Fuero General en sus primitivas redacciones es una recopilación de normas reales, anterior a Teobaldo I, atribuible quizás al reinado de Sancho el Sabio o Sancho el Fuerte aunque recogiera también normativa anterior. d) El Fuero General se fue completando por aluvionado de nuevas disposiciones, préstamos de otros Fueros, etc. y con sucesivas reordenaciones de las disposiciones contenidas”. Los reyes anteriores a Teobaldo dieron ordenes o mandatos y arbitraron soluciones que revestirían determinada forma; incluso parece que en la época de Sancho el Sabio, existían las Cortes u órgano similar, como Otamendi cree deducir de los capítulos, 4, 1, 7 Y 5, 2, 4 del Fuero General referidos a aquel reinado. Otamendi se­ ñala que las concordancias de los Fueros de la Novenera con el Fuero General, si no textuales, son abundantísimas de contenido, habiendo en ambos muchas referencias al Rey Sancho VI el Sabio. El Fuero Antiguo constituyó el núcleo del Derecho político navarro. La trascendencia del juramento real, según Lacarra, radica en que los estamentos de las Cortes tienen clara conciencia de que actúan en nombre de “todo el pueblo del regno de Navarra” . Como dice Schramm, en su conjunto este juramento era la concesión más amplia y profunda hecha en esta época por ningún soberano de occidente. Sin embargo, aclara con gran precisión Otamendi, el Fuero Antiguo se añadió a un preexistente Fuero General y por ello resulta impropia la denominación de Fuero Antiguo. Estimando que nos hallamos ante una redacción efectuada por un reducido grupo de nobles, fundamentalmente en provecho propio, e impuesta al pretendiente Teobaldo antes de su coronación. El llamado Fuero Antiguo se redactó al margen del Fuero General si bien posteriormente pasó a integrarse en él, encabezándolo. Otamendi realiza dos apreciaciones sobre el Fuero Antiguo. Una nos hallamos ante el burdo intento de revalorizar el texto del Fuero Antiguo, dotándolo de una pretendida autoridad y antigüedad. En segundo lugar el protagonismo, perfectamente explicable, de los Ricos-hombres que son mencionados diecisiete veces en los ocho primeros capítulos del Fuero Antiguo con una enorme preeminencia, porque desempeñan un papel esencial en la designación del Rey, en el mismo ceremonial del alzamiento, en su opinión vinculante en cualquier cuestión de cierta importancia para el Reino, en su intervención en la Administración de justicia, en la detentación de las funciones públicas y, en definitiva, en la defensa de sus propios privilegios. El Autor señala que no ha encontrado nada, ni tan siquiera vestigios, de que tan fuertes e inusuales limitaciones reales, como las que se contienen en el Fuero Antiguo, se hubiesen aplicado a sus antecesores. El Fuero Antiguo no se debe a la avenencia entre Teobaldo y los infanzones jurados en las Cortes de Estella de 25 de enero de 1238, que debió de existir una sentencia de excomunión y que fue apelada a Roma, y que la controversia no afectaba en absoluto a los Ricos-hombres, que a su vez estaban enfrentados a Jos junteros. El Fuero Antiguo y la citada avenencia carecen de nexo causal. No obstante su verdadero origen, el Fuero Antiguo pasó a constituirse en el nú­ cleo del Derecho político navarro, con lo que suponía de clara limitación de las facultades reales y de explicación sobre la génesis pactista del Reino . Las menciones que el Fuero Antiguo hace de los Ricos-hombres, se entendieron inmediatamente como referidas a los tres estados del Reino, es decir, a las Cortes. Hasta la redacción del Fuero Antiguo parece ser que el concepto jurídico Fuero, únicamente hacía referencia al derecho consuetudinario escrito. A partir de este momento su significado sufre sucesivos cambios de sentido. La intencionalidad es clara, se pretende revestir a textos, especialmente de contenido político, ajenos al derecho propio con la denominación de Fuero, para facilitar su implantación y vigencia . Esta práctica tan antijurídica se ha venido repitiendo hasta nuestros días. En el Códice 279, figuran seis capítulos del Amejoramiento de 1330 de D. Felipe no conocidos actualmente. Carlos III pretende la recopilación total, pero no lo consigue , o no alcanzó vigencia general. Junto a la acepción de amejorarniento como modificación material del fuero, equivalente a la cláusula de estilo “ordenamos sea tenido como capítula de fuero” empleada por los Reyes posteriores a D. Felipe y Carlos II1 e incluso por las Cortes hasta mediados del siglo XVII, según Otamendi se ha implantado la expresión Amejoramiento como norma jurídica de carácter formal y como tal han sido denominados el Fuero Nuevo y la Ley de Reintegración, entre otras, y el Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que incardina el Derecho foral en la Constitución Española. Para el siglo XVI creemos que ya no estaban en vigencia los llamados privilegios de los pueblos ni de los fueros extensos de territorios limitados Viguera, Val de Funes, Novenera o de villas determinadas, que fueron sustituidos por el Fuero General y Arnejorarnientos inexorablemente. En el siglo XVI el caballo de batalla de la reforma legislativa o jurídico-político, son la administración de la justicia y la fiscal í­ dad. Pues tanto los nobles como la Iglesia estaban exentos de pagar impuestos. La Justicia no funcionaba, a causa del inusitado papel que en la misma ejercía la nobleza, sobre todo en base al juramento de Teobaldo I. Este era el problema principal que como consecuencia traía una aplicación incorrecta del derecho vigente y aún la resistencia por la propia justicia a aplicarlo, con subterfugios de prelación legal, costumbre contra ley, necesaria denuncia de parte, etc. que hacía a la justicia inoperante . Detrás de todo ello se hallaban los intereses de clase de la nobleza, de ideología feudalizante. La unificación normativa y la reforma judicial y fiscal es una pretensión constante durante el siglo XV y en el comienzo del XVI en las Cortes de 1511 consta expresamente esta voluntad: “Diciendo que el pueblo del común soporta de manera desigual y durante la contribución de las imposiciones reales”, así como la necesidad de “la reforma de los fueros, ordenanzas y la administración de justicia”. Sin embargo, si se compara ambas declaraciones la de 1511 del Rey Juan de Labrit y la de 1530 de Carlos V, en cuyo intervalo se produjo la invasión y sometimiento de Navarra, observaremos cambios sustanciales que nos indican que intereses han vencido y por qué derroteros van a ir el derecho y la política de Navarra hasta nuestros días. Creo que con la invasión castellana el inestable equilibrio político-jurídico se rompe definitivamente. La presión constante del Poder real y del estamento de las buenas villas a favor de la reforma normativa de la justicia y de la fiscalidad, caen derrotados ante el triunfo de la nobleza colaboradora de Castilla. El Fuero Reducido era algo más que una recopilación normativa; tenía un transfondo político fundamental, pretendiendo la salvaguarda del Derecho navarro frente a la vis atractiva del Derecho castellano que pugnaba por imponerse. No obstante, el nuevo Poder político instaurado con la dominación castellana, permite continuar a la nobleza con .sus privilegios y aún acrecentarlos y consolidarlos en gran manera. El Fuero Reducido representa la frustración de la ansiada Reforma del Fuero, ante el triunfo de la contrareforma jurídica. Los nobles preferían sin duda el estatus de clase que tenían en Castilla al de otros reinos como Aragón, este fue quizás uno de los principales motivos por el que Navarra se incorporará a Castilla y no a Aragón. El alto contenido jurídico del Diccionario Jurídico reside en que realiza abstraeci6n de preceptos forales concretos, formulando en lo posible fórmulas de carácter general. La buena voluntad del jurista redactor del Diccionario Jurídico opino que está guiada por un ferviente patriotismo. Se defiende la unidad política de los navarros frente a la monarquía, insistiendo en que el poder real no es originario, no viene de Dios en la medida que ello justifique unas potestades que vayan más allá de las necesarias para ejercitar la función de la realeza. Sin embargo, esta pretendida soberanía popular, queda restringida en su mayor medida a la nobleza, a través de su prepotencia en las Cortes, en la Adminis- . traci6n de Justicia y el estar exentos de tributos. Nuestro sistema jurídico hasta la primera década del siglo XVI es soberano en sí mismo. Tanto el derecho consuetudinario como los derechos locales, la legislación de Cortes ‘y las ordenanzas reales se incardinan en un sistema unitario y de conjunto, que nace y se desarrolla por y para una comunidad politica concreta. En cambio a partir del comienzo de la dominación castellana todo el universo jurídico queda condicionado y reducido a un estatus de segunda, de supeditación en relación con el Poder político y jurídico de Castilla. Nace entonces el espurio concepto de Fuero como sistema de derecho particular de un territorio en referencia permanente con el derecho común, que ya no es el Romano, sino el de Castilla. Todo sistema jurídico necesita para desarrollarse la soberanía de los entes creadores de derecho: el pueblo, el parlamento, los tribunales, el poder ejecutivo. Tomás Urzainqui Mina VV.AA : 1 Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX Y XX, ” Príncipe de Viana”, anejo 4 (594 págs.) y anejo 5 (656 p ágs.), 1986. La necesidad de afrontar nuestro pasado más cercano de forma serena, la evidencia de constituir la historia contemporánea de Navarra un ámbito cronológico poco cultivado por la historiografía y el intento de dilucidación de sus problemas clave fueron las motivaciones fundamentales que impulsaron al Instituto Gerónimo de Ustáriz -bajo la apoyatura del Gobierno de Navarra- a organizar el I Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX Y XX en los primero días de diciembre de 1985. A casi dos años del acontencimiento, el comentario sucinto de sus Actas -publicadas hace uno s meses en forma de anexo de la revista Príncipe de Viana- puede servir para orientarnos acerca del estado de la investigación y de las lineas directrices más destacables, especialmente desde una perspectiva jurídica. En el área de demografía, tras repasar la bibliografía producida y analizar las comunicaciones presentadas, la disertación del profesor Pérez Moreda (V. Pérez Moreda: Algunas reflexiones sobre la poblaci án de Navarra en los tiempos contemporáneos) desarrolla un esquema sintético de la evolución poblacional navarra, a la vez que ahonda en los porqués del lento crecimiento navarro durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX en comparación con otras regiones españolas. La explicación radica no en el crecimiento vegetativo, que siempre arrojó saldos positivos, sino en la particular incidencia de la emigraci6n que hizo que Navarra fuera en el período que comprende las décadas finales del XIX y las iniciales del XX la región española “de emigración relativa más intensa” . La consistencia de esta interpretación se ve corroborada por trabajos puntuales como el de Orta Rubio (E, Orta Rubio: El cólera de 1885 en Navarra. Centenario de una crisis) que muestra cómo la población navarra fue capaz de ‘protagonizar una muy temprana y dinámica recuperación -aún en las zonas más afectadas- de las pérdidas ocasionadas por la epidemia de có­ lera de 1885.