El soberanismo aquí

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El soberanismo se está abriendo paso en la presente década de los noventa entre las sociedades de las naciones llamadas sin Estado; el  caso más conocido es el de Quebec. En Europa, recientemente, y por diversos caminos también soberanistas, Armenia, Letonia, Georgia, Lituania, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Moldavia, Ucrania y Macedonia, han superado las fobias y las filias del nacionalismo de varios Estados gran-nacionales.

Aquí, se aprecia, no obstante, una separación en dos tendencias. En primer lugar la de los que entienden el soberanismo como un proceso “ex novo”, que tiene su base  en la voluntad ciudadana de profundizar los derechos democráticos -individuales y colectivos- como asociación soberana; por otro lado se halla el soberanismo que insistiendo en la anterior voluntad democrática busca recuperar la soberanía a partir de los restos de la misma que todavía se ejercen, pero con la perspectiva de la plena asunción y recuperación de la propia soberanía como Estado nación.

En este segundo sentido, el sujeto del soberanismo -con el horizonte estratégico del reconocimiento del Estado nacional como sujeto soberano mediante el ejercicio de la soberanía social, ciudadana o popular- es la misma afirmación del ser colectivo en práxis soberanista. Que en realidad es el tener colectivo, o estatalidad propia, que por coherencia democrática exige un correlativo ser; es decir, la identificación entre el tener y el ser; entre constituir una sociedad diferenciada y su reconocimiento político interno y externo.

El tener colectivo se plasma no sólo en la lengua común diferenciada y en un Derecho, sino fundamentalmente en la existencia de instituciones de un sistema jurídico estatal; que no consisten en descentralizaciones, desconcentraciones, o reparto de competencias autonómicas, ni siquiera de una supuesta devolución de competencias, sino de restos de una soberanía propia. Estos residuos de la soberanía propia, hay que entenderlos siempre como testigos de la plenitud soberana. Entre los que destacan el Derecho civil, la soberanía fiscal, la función pública, el poder legislativo, las infraestructuras públicas, la planificación económica, etc.

Se trata de ejercer socialmente esos poderes con mentalidad y convicción soberanista, en la perspectiva de la recuperación del Estado nacional. En dos direcciones: por un lado, dando un sentido de plena soberanía al ejercicio cotidiano, por los ciudadanos y por la administración, del sistema que ya se posee; y por otro, recuperando y completando el sistema y estructura estatal. Se trata de ir ejerciendo la soberanía de hecho y de derecho de forma simultánea y progresiva, ampliando cualitativa y cuantitativamente el ámbito soberano, solapándose en un proceso temporal el ejercicio de facto por el de derecho en cada una de las nuevas ampliaciones y consolidaciones del estatus soberano, entendido como un ineludible proceso social –plural, dinámico y progresivo- de profundización de los derechos democráticos.

La existencia de un sistema jurídico implica siempre la correspondiente soberanía propia. La soberanía es el predicado del sistema jurídico. El sistema jurídico para ser tal tiene que conformar un Estado. Tanto el sistema jurídico como su Estado son la misma soberanía, porque además es diferente a los sistemas jurídicos de los otros Estados. En un Estado no puede haber dos sistemas jurídicos, ni en un sistema jurídico dos Estados. Cuando supuestamente un sistema jurídico se halla sometido a otro sistema jurídico de un Estado, el primer sistema jurídico automáticamente es minorizado, primitivizado y consuetudinizado, quedando en una situación de dependencia inerme del  sistema jurídico del Estado anfitrión.

Sólamente, desde la afirmación del propio sistema jurídico de la estatalidad dominada, diferente al de la nación dominante, se recupera la soberanía. El propio sistema jurídico, cuando fue privado de su soberanía por la conquista y ocupación, padeció la disección de la cabeza, valga el símil orgánico, quedando el resto del sistema supeditado al sistema jurídico de la gran nación y de su Estado, pero continuando en potencia su estatalidad, como en estado de hibernación.

Los restos del sistema jurídico, al verse privados de sus poderes asentados en los órganos creadores de Derecho -legislativo, judicial, ejecutivo y coercitivo-, quedan como jirones o vestigios de la propia soberanía arrebatada, pero de ninguna manera como elementos de una supuesta soberanía compartida en el Estado de la nación dominante. Así, por ejemplo, la competencia en materia de hacienda pública, también llamada soberanía fiscal, no es tanto una soberanía compartida como un residuo de la soberanía plena del Estado nacional propio.

Nada de ello se debe confundir con el concepto de autogobierno, que es un apelativo de los entes de la administración regional y  local, sinónimo de autonomía (descentralización, regionalización) o poder local en el interior del Estado. El autogobierno no es sinónimo de soberanía. Así lo entiende Herrero de Miñón cuando consideraba la redacción de  la vigente Constitución española, como “la decisión en favor de una Gran Nación, tan grande como para contener, sin destruirla, una pluralidad de nacionalidades y regiones capaces de autogobierno”. Para ellos, realmente  la atribución de autogobierno no tiene el significado de autoorganización democrática y política real, ni  muchos menos como fruto de la autodeterminación, sino que es un medio básico para fortalecer y consolidar a la “Gran Nación” española, tratando de asimilar a las naciones dominadas al rango de sus propias regiones.

Tengamos también presente que, tanto la Iglesia de Roma, Cabeza de la Cristiandad, como después la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, acabaron traicionando los principios de igualdad y autodeterminación de los pueblos, sacrificando los derechos de las naciones a los intereses dominantes del poder  de la Iglesia o de Francia y Rusia.

La autodeterminación en el caso de la sociedad del exEstado que ha sido privado de su soberanía, consiste en una acto, o más bien permanente actitud, de voluntad propia, por el que recupera la plenitud de su estatalidad cercenada por la fuerza. Se trata de una simultánea –individual y colectiva- declaración de voluntad ciudadana,  formulada en clave de práxis social permanente, cuyo efecto no es meramente constitutivo, desde ahora, sino con efecto declarativo político, desde el momento anterior al inicio de la pérdida de la soberanía.

La soberanía, por todo ello, no puede ser regateada ni negociada con el Estado nacional ocupante, sino ejercida y recuperada de “motu propio”. Es, por lo tanto, desde la clara afirmación y convicción social de que se posee un Estado nacional propio – taxativamente expresada y manifestada-  como se está en condiciones de recuperar plenamente todas las instituciones y competencias del sistema jurídico, que vertebra y conforma la estatalidad nacional.

Es a partir del comienzo del ejercicio de la voluntad soberana de la sociedad dominada, como se debe reiniciar la interlocución con la comunidad internacional, a pesar de los obstáculos que los Estados gran-nacionales colocan en su férreo  monopolio de las organizaciones internacionales. Y en el caso de la Europa occidental especialmente por los cuatro Estados gran-nacionales (Inglaterra, Francia, España e Italia) que buscan utilizar a la Unión Europea como instrumento de su “Santa Alianza” nacionalista contra las naciones europeas que ocupan y dominan.

La recuperación del espacio entre los Estados nación europeos, es cuestión de serenidad y firmeza en la defensa de los derechos nacionales soberanos. A este respecto, no hay que desdeñar ni los derechos históricos estatales de Navarra, en el contexto europeo, -que figuraba como Reino europeo, situado entre los de Francia y España- ni la correcta política de alianzas con otros Estados nación. No olvidemos que ya hoy, Navarra y la C.A.V., constituyen el único ejemplo en toda la Unión Europea de un nivel político competencial estatal en materia fiscal y económica; que es únicamente ejercido por los Estados nación miembros de pleno derecho de la UE.

El paso que es preciso dar, para establecer una congruencia entre lo que se tiene y lo que se es, se deberá iniciar con plena conciencia y determinación, pero a la vez con naturalidad y sosiego.

Tomás Urzainqui Mina