La demolición de Navarra por la “Institución Príncipe de Viana”

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Si analizamos la continuada y sistemática demolición del Patrimonio de Navarra desde la conquista, según las referencias que han quedado en los documentos públicos, lo primero que se desprende de su lectura es el planteamiento opuesto con respecto al Patrimonio que tienen por un lado las instituciones todavía navarras y por otro las españolas, tanto del Estado gran-nacional como las aquí hoy gobernadas por títeres.

La invasión de Navarra, iniciada el 19 de julio de 1512,  no tuvo sólo como objetivo eliminar  la capacidad defensiva de los navarros –el próximo domingo 30 de junio se conmemora la Batalla de Noain- y alcanzar su conquista definitiva; prueba de ello es que hasta el sumiso partido beaumontés, el año 1540, no pudo menos que protestar por algo que hoy se llama cuando menos «limpieza cultural».

Su tímida denuncia se efectuó después de la unilateral demolición de castillos, torres, murallas y toda suerte de edificios civiles y religiosos:  «Y por quanto este Reyno  a recibido mucho daño en las fortalezas y cercos de ciudades que se han derribado, aunque podrían alegar que más por la necesidad de los tiempos que por hacer daños se aya hecho».

Protesta  que viniendo de donde viene, es decir, de colaboracionistas y no de la resistencia agramontesa, representa un testimonio que al menos vale lo que indica, ya que desde entonces no ha cesado el derribo del patrimonio histórico y artístico navarro.

En 1.716 y 1766 el Consejo de Castilla imparte ordenes que no dejan duda alguna sobre la programada eliminación de la cultura navarra y especialmente de la lengua vasca. Así las «instrucciones secretas» impartidas en 1.716 por el Fiscal del Consejo de Castilla, José Rodrigo Villalpando, a los «corregidores», para la introducción de la lengua castellana en Catalunya, ordenan que se han de utilizar «instrucciones y providencias mui templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado». Y pone como ejemplo precisamente la política que se estaba siguiendo en Navarra: «Porque en Navarra se abla Basquence en la mayor parte. Y van a gobernar Ministros Castellano».

Sobre la prohibición española de publicar en Navarra libros en euskara es clarificadora la Orden de 1.766 del Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla: «Es muy conforme la reflexión de inconvenientes, que en el día podría traer la impresión en bascuence de la vida de San Ignacio, y el acuerdo tomado por ese Superior tribunal para suspender la licencia de imprimir, de que Vd. me avisa en Carta de 26 del pasado en ausencia del virrey. A esto se agrega el reparo político de no convenir hacer impresiones en otra lengua que la Castellana inteligible a toda la Nación, y así por regla general se denegaran por ese Consejo, sin especial noticia mia; archivándose la obra original de la vida de San Ignacio en bascuence».

Ante la voluntad de llevarse a Madrid valiosos elementos del Patrimonio navarro, manifestada cuarenta años después por el gobierno español, mediante la Real Orden de 6 de julio de 1803, las Cortes de Navarra el año 1817 acordaron con firmeza impedir la injerencia de la Real Academia de la Historia española que  pretendía «recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el reino».

Como en la anterior resolución defensiva del Patrimonio, adoptada por las instituciones del Estado Navarro antes de su suplantación en 1841, ha habido también con posterioridad momentos en que la Excma. Diputación, ya denominada Foral y Provincial, se ha opuesto al expolio; así lo hizo el 30 de Marzo de 1.914, a la vista del informe de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra solicitando medidas «para alejar de nuestros pueblos a los fatídicos expoliadores de la riqueza y esplendor artístico del antiguo Reino de Navarra».

El 1 de septiembre de 1.919 la Excma. Diputación Foral de Navarra acordó esta encendida resolución, resaltando la «patriótica gestión» de la Comisión de Monumentos, que «reconocido por los pueblos más progresivos el poderoso influjo que el cultivo de la Historia y de las Artes ejerce en la popular civilización» «estimulando los estudios históricos y acudiendo en auxilio de la Comisión navarra de monumentos (inteligente y laboriosa cual lo atestiguan sus actos desde que comenzó a funcionar), secundando en fin su patriótica gestión en orden a los diferentes cometidos que de su reglamentación se derivan, entiende ser de suma oportunidad una pública manifestación de identificación con la labor y tendencia mencionadas,…  en orden a la más perfecta conservación de la riqueza monumental y frente a la dilapidación tan constante, como dolorosa y perjudicial, de la riqueza artística».

La misma Diputación Foral va todavía más lejos, a la hora de arbitrar medidas en dicha defensa, pues: «se cree obligada a excitar el amor patrio del pueblo navarro, desde el primero al último de sus administrados, interesando de todos y cada uno cuantos estimen en algo su propio prestigio, que vigilen, delaten, y, a ser posible, impidan toda operación de venta o mutilación del patrimonio artístico y monumental de Navarra, poniendo en juego la influencia máxima posible –la personal inclusive- en contra de esas enajenaciones depresivas y presentando cuantas resistencias pasivas fueren posibles y cuantos entorpecimientos sean hacederos, para evitar que esas venerandas herencias, esas invaluables reliquias, legadas a las sucesivas generaciones por nuestros antepasados…».

Lejos está de aquella firme y digna actitud, de las Cortes de Navarra y aún de su forzada sucesora la Excma. Diputación Foral de Navarra, incitando si es preciso a las «resistencias pasivas y a los entorpecimientos» para evitar el expolio del Patrimonio, la postura diametralmente contraria ante el Patrimonio navarro que mantiene ahora el Gobierno títere, llamado de Navarra.

Tras el incendio de bibliotecas y expurgo de libros «heterodoxos», iniciado el 18 de julio de 1.936, acompañados también con la  persecución y la eliminación física de intelectuales y artistas, se sustituyó a los miembros de la ya mencionada brillante y patriótica  Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, por la creación de la denominada «Dirección Instituto Príncipe de Viana», cuyo acuerdo fundacional deja meridianamente claro cual ha sido su verdadero cometido hasta hoy. Nefando papelón, que no le libra, el que haya publicado en sus revistas –porque no había otras-, durante estos largos años, muchos de los trabajos científicos que sobre la cultura de Navarra se han escrito por los investigadores de las distintas especialidades; ni que provos funcionarios hayan trabajado con honradez y profesionalidad por la defensa del Patrimonio de Navarra.

A continuación reproducimos del acuerdo de 21 de agosto de 1.940, la justificación escueta que se dió para la creación de la citada Institución Príncipe de Viana, que todavía no ha sido corregida y que como comprobamos en la práctica se halla en vigor: «Para mantener el espíritu católico tradicional y españolísimo que informó el glorioso Alzamiento de Navarra en la Cruzada de España contra la barbarie, espíritu eterno que informó una cultura secular de piedras sagradas, batallas, realeza, ingenios y santos, que han iluminado con su luz soberana los ámbitos de una historia imperecedera, la Excma. Diputación Foral de Navarra funda la Institución «Príncipe de Viana» como Consejo de Cultura de Navara».

El balance de la actividad llevaba por la «Institución» bajo los auspicios de tan glorioso «espíritu católico tradicional y españolísimo», se ha reducido al sorprendentemente muy costoso lijado de «piedras sagradas»,  fundamentalmente iglesias y monasterios con algunas excepciones como el Castillo de Olite y el Palacio Real de Estella.

El criterio seguido ha sido y es muy conforme con el subjetivo espíritu fundacional. Según el cual las piedras no consideradas «sagradas» no solamente podían ser ignoradas, lo que las hubiera salvado, sino que en la práctica han sido  en muchas ocasiones eliminadas porque las juzgaban hermanadas a la tozuda realidad de la pluralidad, diferencia y heterodoxia, lo que conducía a cuestionar al «único pensamiento verdadero».

La casuística demoledora, que no se detiene ni ante los Monumentos ya declarados, o Bienes de Interés cultural, es interminable y de efectos aterradores. La demolición del Palacio Real de Pamplona se efectuó estando de responsables del Patrimonio los mismos que con la Plaza del Castillo. La mala suerte que han corrido los monumentos no considerados «sagrados» por el inculto grupo guardián de las esencias de su falsa navarra, inexistente en la realidad, pero sí en la imagen virtual representada en su calenturiento cabezón, «católico tradicional y españolísimo».

A las pruebas me remito, sólo se ha salvado algún monumento «pagano», por su alejamiento y no concurrencia con otros «intereses», de los que desdichadamente se han cruzado en el camino de tan providencial institución. Para ella pagano es todo lo que se salga de sus ortodoxas entendederas. Pero para pasmo del ciudadano estos autoritarios especimenes sólo tienen el respaldo electoral de un tercio de los navarros.

Esta plaza pública, ahora cerrada con un telón de acero, se ha convertido ya en el paradigma físico de muchos problemas que atenazan a este país. Hemos visto como desde el aciego día en que fuimos privados de la independencia aquí pintan bastos para casi todo: euskera, cultura, patrimonio, libertad…

La inmensa carga, mezcla de indignación e impotencia que se ha integrado con el arrasamiento de la Plaza del Castillo, tiene la virtud de catalizar a una muchedumbre de ciudadanos navarros en el firme propósito de reconstruirla –al modo de Dresde, Mostar o Sarajevo- como el más completo Museo de la cultura humana, con todo el Patrimonio que portaba en sus entrañas, que será el universal emblema de la Navarra real, plural, intercultural, libre, generosa y abierta.