Euskara y territorialidad en el Estado navarro

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Hoy domingo, día 20 de Mayo, tendrán lugar en Vitoria-Gasteiz los actos que recuerdan el inicio de la pérdida de la independencia, como consecuencia de la conquista castellana de la Navarra occidental el año 1.200, tras el asedio de esta ciudad. También el próximo 1 de Julio se celebrará el aniversario de la Batalla de Noain, que tuvo lugar el 30 de Junio de 1.521, en conmemoración de la más importante y trascendental derrota militar que hemos tenido, como una forma válida para vencer a la ignorancia sobre nuestra cultura política.

Estos dos significativos testimonios reflejan, junto a otros muchos, el carácter y el origen de la situación de la dominación nacional actual, que repercute en todos los ámbitos, desde la cultura a la democracia y desde la sociedad hasta la economía. Las sucesivas conquistas del territorio navarro van marcando la partición territorial que ha llegado hasta nuestros días, ya que antes de las invasiones castellanas no había “territorios históricos”, ni “Estados Vascos”.

Pues es necesario tener presente que, el conocimiento de la verdad jamás puede ser el problema, es precisamente el único camino para solucionarlo.

1.- De cuando los vascos tenían su propio Estado independiente.

Como veremos la minorización del euskara se debe a la eliminación del Estado navarro. En el Estado europeo de Navarra la lengua nacional era el euskera, siendo el vehículo de comunicación oral único de la mayoría de la población, aún cuando otras lenguas romances, como el propio latín, y después los romances navarro-aragonés-riojano, el gascón o el occitano, y hasta en algún caso el francés, el hebreo y el árabe, fueron las lenguas de la documentación escrita, empleadas para determinados aspectos documentales, en las cancillerías reales, las notarias, o las actas comerciales, etc.. Pese a todo la lengua  general dominante era el euskera. Las lenguas romances eran  utilizadas por determinados grupos sociales y en dedicaciones y momentos concretos, pero en convivencia con la lengua comúnmente hablada que era el euskara.

Los reyes de Pamplona y sus familias, como se puede comprobar en el texto del “Códice de Roda” del año 992, escrito en el Palacio, se denominaban con nombres personales en euskara, lo que significa que esta era la lengua palaciega y cotidiana. Pues es absurdo pensar que solo la emplearan para denominarse por capricho. De hecho los nombres comunes en la familia real eran Eneko, Garsea, Asola, Sanzio, Oneca, Oria, Asnari, Xemen, Auria, Munia, Andregoto, Orbita o Urraca.

Jean de Salisbury (1120-1180), autor inglés de la obra, de filosofía política, titulada “Policraticus”, fue contemporáneo y conocedor de los contactos y la elaboración del Laudo Arbitral de Londres celebrado el año 1.177, donde se trató sobre las fronteras entre Navarra y Castilla. En su obra Salisbury hace referencia literalmente a “aprenderás castellano y vasco”, las lenguas de las respectivas delegaciones de los reyes de Castilla y de Navarra, a cuyos componentes se les oyó hablar respectivamente en esas lenguas, aunque las alegaciones de ambas embajadas y del laudo arbitral hubieran de ser traducidas en tres días a la entonces lengua común en Europa, que era el latín.

El euskara no era únicamente la lengua principal más utilizada por la generalidad del pueblo sino también por el grupo social dirigente, como los altos cargos de la Administración,  los miembros del Consejo Real, de los Tribunales de Justicia, Corte Mayor, los vocales de la Cámara de Comptos, los escribanos reales o los notarios. Las cartas particulares que se entrecruzaron Zalba y San Martín, dos altos cargos del Gobierno del Rey Carlos III el Noble, -cuyo mausoleo admiramos en la Catedral de Pamplona-, datadas a principios del siglo XV y escritas en euskara demuestran cuál era el primer idioma empleado por la clase gobernante en el Reino de Navarra, aunque los documentos oficiales o públicos estuvieran redactados en latín o en lenguas romances. A este respecto, José Mª Lacarra constata que a través de los documentos  se escapa la lengua no escrita pero realmente hablada por los escribanos.

Nebrija, al publicar la primera gramática castellana en 1.492 con la premeditada intención de convertirla en la lengua del imperio, estableció como uno de los objetivos de la misma el hacer “aprender nuestra lengua a vizcainos y navarros”. En cambio, el pamplonés Masparrauta publicaba entonces en la imprenta de Brocario, en Pamplona, una gramática latina para enseñar a los estudiantes navarros la lengua universal de aquella época.

En 1.528, tras la conquista, las Cortes de Navarra con el objeto de conseguir la aprobación del Fuero Reducido, tradujeron el Fuero General y las leyes constitucionales de Navarra al español de Nebrija, haciendo desaparecer todas las palabras vascas y vasquismos, pasándolo del romance navarro al castellano, con la vana esperanza de que así  podría ser aprobado por la Corona española. Pero ni por esas, pues dicho texto constitucional navarro no tuvo el beneplácito del rey de España.

Entretanto,  en el territorio independiente situado al Norte del Pirineo, los reyes de Navarra potenciaron y promovieron la publicación de los primeros libros en euskara. Así Etchepare contó con el apoyo del rey Enrique II para publicar su obra ” Linguae Vasconum Primitiae “, en 1.545. La reina Juana de Labrit patrocinó la publicación del “Testamentu Berria” de Leizarraga. Es precisamente en los libros que surgen en esta época donde se comienza a hablar por primera vez de Euskal Herria para hacer referencia al conjunto de los vascoparlantes, pese a que en aquella fecha no se hallaban protegidos en su totalidad por su propio Estado de Navarra.

En 1.608 el responsable castellano de la Ciudadela de Pamplona, Gaspar Ruiz de Cortazar, pide al Consejo de Castilla que no se permitiera la construcción de una Universidad en Pamplona, pues a ella acudirían “gascones y otros vasallos del rey de Francia (Enrique III de Navarra), que no es buena mezcla para juntarse con los que aún de todo punto no podrán tener olvidada la leche que sus antepasados mamaron”.

En 1.716, el Fiscal del Consejo de Castilla, José Rodrigo Villalpando, envió instrucciones secretas a los corregidores para extender la lengua castellana en Cataluña, ordenando que se utilizaran “instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”. Era tal como se conducían en Navarra “porque en Navarra se abla Bascuence en la maior parte. Yban a governar Ministros Castellanos”.  Esto demuestra la importancia y trascendencia que se le daba  a la lengua hablada por los altos cargos de la Administración Pública, debido a la enorme influencia que estos tienen sobre el conjunto de sus administrados.

Sobre la prohibición española de publicar en Navarra libros en euskara resulta clarificadora la orden del Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla, en la que en el año 1.766, dictaba que sin su expreso conocimiento “no se den licencias para imprimir libros en otra lengua que la castellana” … “archivándose la obra original de la vida de San Ignacio escrita en bascuence; y que se haga saber esta providencia a los impresores”. “Es muy conforme la reflexión de inconvenientes, que en el día podría traer la impresión en vascuence de la vida de San Ignacio, y el acuerdo tomado por ese Superior Tribunal para suspender la licencia de imprimir, de que Vd. me avisa en carta de 26 del pasado en ausencia del Virrey. A esto se agrega el reparo político de no convenir de hacer impresiones en otra lengua que la Castellana inteligible a toda la Nación, y así por regla general se denegarán por ese Consejo, sin especial noticia mía; archivándose la obra original de la vida de San Ignacio en bascuence”. Auto acordado del Consejo Real de Castilla, para su cumplimiento y notificaciones a los impresores. Prohibición de la obra en euskara sobre San Ignacio del Jesuita Agustín Cardabera, Madrid 1 de Noviembre de 1.766″.

2.- Territorialidad

La denominación navarro es un concepto jurídico político. El nombre de navarro no es geográfico, ni étnico, sino que es eminentemente político. La denominación de navarro, como la de vasco, son formas de designar a lo largo de los siglos a las mismas gentes y además en el mismo territorio, siendo la de navarro la pervivencia del nombre que se daba a los que vivían en el territorio independiente que se ubicaba en el Pirineo occidental y central. En su origen, cuando según las fuentes documentales comienza a utilizarse, el término navarro se emplea desde el reino de los francos a partir del año 769 para poder distinguir a los habitantes de Pamplona y su territorio, llamándolos navarros, porque habían logrado mantenerse independientes de los carolingios. La finalidad era la de no confundirlos con el resto de los vascones que habían sido dominados. Navarro era el vascón, poseedor de su lengua y cultura vasca, y que vivía en territorio independiente, pues simultáneamente había vascones que continuaban sometidos en algún grado a los francos.

A partir de comienzos del siglo XII las denominaciones navarro para las personas y Navarra para el conjunto de la territorialidad adquieren el significado de integración nacional, como ocurrió en el resto de los estados europeos a partir de aquella época. Ambos términos ya no serán utilizados para denominar culturalmente a los vascohablantes, sino que se convertirán en el nombre político nacional, integrador e intercultural.

Así un judío como Benjamín de Tudela, escribía en 1.170, en su universal libro “Los viajes”, que él era del País de Navarra. De igual manera ocurría con los francos de los burgos. Navarra es el nombre de la territorialidad del Estado y navarros son todas las personas que viven en su territorio, con independencia de su origen y de su lengua. Los navarros de los territorios que, habiendo formado parte de la unidad política del reino, fueron después conquistados por otras potencias, tienen por aquella razón la condición jurídico política de navarros, lo que les proporciona el derecho democrático a reivindicar su pertenencia a Navarra.

Como consecuencia de las conquistas realizadas por Castilla sobre territorio navarro, los habitantes de las zonas conquistadas no pudieron seguir diciendo que eran navarros, bajo la amenaza de la comisión de un delito de alta traición al conquistador. Ello conllevaba severísimas penas disuasorias, pues todavía podía quedar para los sojuzgados la tentadora alternativa de un resto de Navarra independiente, aunque en aquellos tiempos la soberanía estuviese encarnada en el Rey de Navarra, al igual que en toda Europa. Tras las conquistas, se sustituyó, expresa y formalmente, la soberanía navarra por la castellana, y en el caso de los territorios llamados en la actualidad como Iparralde por la francesa. Fue el comienzo de un continuado nacionalicidio, prolongado hasta nuestros días. A partir de las conquistas “no existe la posibilidad de un desarrollo espontáneo ni natural. Es una colonización en toda regla”, en palabras de la historiadora Mª Puy Huici Goñi.

La territorialidad está reflejada en diversos tratados internacionales. Así el año 1.016, según el documento 166 del Cartulario de San Millán de la Cogolla, se firmó la concordia y acuerdo acerca de los límites entre el Reino de Pamplona y el condado de Castilla, como ordenaron Sancho III el Mayor, Rey de Pamplona y Sancho, Conde de Castilla. El año 1.127  se volvió a ratificar la división fronteriza entre Navarra y Castilla en el Pacto de Támara, según la crónica de San Juan de la Peña, donde se fijaba la frontera entre el Reino de Navarra y el Reino de Castilla. En 1.134 Aimeric Picaud, peregrino a Santiago, testifica que pasados los Montes de Oca (Atapuerca) comenzaba Hispania. El año 1.190 la historia inglesa de Hoveden señala la división de los reinos de Navarra y de España, señalando que “las aguas de Castro (Urdiales) divide la tierra del rey de Navarra de la tierra del rey de Castilla”.

Navarra siempre reivindicó dicha territorialidad. Así lo hizo en el Laudo Arbitral de Londres de 1.177 o en las negociaciones para el matrimonio frustrado entre Juana de Labrit y Felipe II el año 1.540. Thomas Hobbes  en su obra “Leviatán”, del año 1.640, denuncia la injusta ocupación de Navarra. Las reivindicaciones se suceden hasta nuestros días como en el caso de  los proyectos de Constitución del Estado navarro de 1.882 y de 1.940, del Partido Federal (presidido por Serafín Olave) y del Consejo Nacional Vasco en Londres (presidido por Manuel Irujo) respectivamente, en los que se proclama la citada territorialidad.

Pero fijémonos en la centralidad política desde los orígenes. El Códice de Roda redactado -según José Mª Lacarra por un alto funcionario civil- el año 992 en el Palacio de los Reyes de Pamplona, muestra un poder político soberano centrado en el mundo pirenaico y circumpirenaico, comprendidas las grandes cuencas del Garona y del Ebro en su cabecera y curso medio, diferenciado del Reino de los francos, de cuyo ámbito había conseguido liberarse definitivamente 168 años antes, en el año 824. Se hace una referencia a los Condes de Toulouse, súbditos de los reyes francos, se debe a la proximidad y a su interposición con el poder de los francos, a los que se pretende ir retirando del espacio circumpirenaico, al que se considera como territorialidad vascona propia y por antonomasia de los Regum Pampilonensium, cuyos reyes son los soberanos  naturales de Vasconia, bajo cuya autoridad se sitúan los condes circumpirenaicos de aragoneses, pallareses y gascones. Este documento describe tanto una realidad geopolítica y territorialidad secularmente consolidada, como una arquitectura política deseada y natural. Doctrina política semejante a la que, en la misma época, llevaba el Reino de los francos con sus ducados, condados y marcas dependientes.

La legitimación del poder político se puede remontar al siglo V. La carta dirigida por el Emperador Honorio a las milicias de Pamplona el año 408, les anima a sostener la defensa contra los bárbaros germanos. En aquella época  la referencia al nombre de la ciudad conlleva el nombre de todo el territorio que políticamente se le adscribe, al menos el de los vascones surpirenaicos. Es significativo que este importante documento, se hallara inserto en el Códice de Roda del año 992, lo que demuestra la importancia que se le daba al contenido del citado texto entre la clase dirigente del Reino de Pamplona.

Los visigodos, como federados de Roma, entraron en el año 418 a controlar parte de Aquitania. Fue el emperador Honorio también quien firmó el  pacto de federación con los visigodos ese mismo año, donde les concedió la posesión del territorio mediante la “hospitalitas”, por la que los naturales se veían forzados a compartir lo suyo con los godos, sobre la que estos, al sublevárse crearon el Reino de Tolosa y luego el Reino de Toledo, encontrando en dicha concesión imperial la legitimación del Reino de la Hispania visigótica. Es decir, la legitimación política del poder en Pamplona o en Toledo, se fundamentaba en sendos documentos otorgados por el emperador romano Honorio. En el primero, el que data del 408, se les pedía a los pamploneses que resistieran contra los bárbaros defendiendo al Estado romano. En el segundo, diez años más tarde se esperaba también que los bárbaros visigodos se enfrentaran a los demás bárbaros para proteger a Roma.

Pamplona y su territorio continuó resistiéndose a los pueblos germanos, quedándose sola en dicho empeño, mientras que  el reino visigodo traicionó a Roma a la que se enfrentó y le ocupó parte de las provincias romanas en las Galias e Hispania. Esta versión legitimadora, se convierte en uno de los argumentos ideológicos utilizados para justificar la conquista de Navarra en 1.512: “Este es un camino de providencia, ya que el primer rey de Navarra Eneko Aresta, fue ilegítimo, ya que no heredaba la monarquía de los godos, que era la legitima, por donación del emperador Honorio. Por todo lo cual, concluye, Dios providencialmente ha hecho que el Reino venga a manos del Rey Católico”. De esta manera justifican la guerra de conquista contra Navarra, alegando que Eneko Arista no fue un rey legítimo,  por no descender de los visigodos y por lo tanto el resto de los reyes de Navarra, sus sucesores.

3.- El secuestro de la cultura estatal en Euskal Herria

La realidad de que los vascos han tenido su Estado independiente, hoy Estado en “hibernación”, ha sido cuidadosamente ocultada. Es más, el secuestro de la memoria ha llegado tan lejos, que autores como Mark Kurlansky en “The Basque History of the world”, éxito de ventas en Estados Unidos, recientemente traducido como “La historia vasca del mundo” (Ed. Columna, Barcelona, 2000), concluye, “los vascos constituyen una  contradicción desconcertante: son la nación más antigua de Europa y no han formado nunca un estado”, paradoja cuyo fondo resulta una vez más paradigma del equívoco.

Otro tópico también muy extendido es el de la fragmentación y división, territorial y política, en abierta contradicción con la incuestionable evidencia documental de una secular territorialidad estatal, que sí está perfectamente documentada, ver “La Navarra marítima” (Ed. Pamiela, Iruña 1.998). Tan es así,   que se ha llegado a consagrar la gran impostura de los supuestos “estados vascos”, reflejada entre otros en la convicción de Sabino Arana, absolutamente errónea, según la cual, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nabarra eran estados de por sí independientes, que pactaron su unión con España de igual a igual, de potencia a potencia.

La manipulación de los hechos históricos, para adaptarlos a los intereses políticos y religiosos posteriores, se convierte en una malversación permanente.  En España su justificación nacional se fundamenta, no tanto en la voluntad de los ciudadanos, más o menos manifiesta, -el llamado paradigma subjetivo, lo que facilitaría las cosas a los sedicentes constitucionalistas españoles-, como en un amoldamiento al sacralizado altar historicista basado en una mitificada Castilla, tejido de una tupida red de tópicos, cuidadosamente urdida con un mesianismo providencialista, continuamente protegida por la coerción y alimentada por los nutricios intereses del aparato estatal, en especial a través del sistema educativo y los medios de comunicación, todo ello con el objeto de apuntalar el Estado Gran Nacional dominante.

Para su historiografía contemporánea, la hispania visigótica desde San Isidoro de Sevilla se ha convertido en el gran mito genésico, o supuesta prueba de la fundación política de España. La impostura toma carta de naturaleza en los eclesiásticos, cronistas y genealogistas castellanos de los siglos XII y XIII. Se busca un argumento para defender la existencia de un poder monárquico para toda la península, por supuesto el de Castilla, que sería el sucesor del idealizado reino visigodo de Toledo, en detrimento de las otras naciones peninsulares, que según dicha interpretación no serían legítimas.

Los autores, y las escuelas historiográficas, de las Universidades españolas y francesas, por lo general, con toda impunidad han hecho la historia oficial, desde el siglo XIX, para apuntalar el Estado gran-nacional; pues, como afirma Jacques Heers, se hallan “comprometidas desde hace mucho tiempo en la lucha por desacreditar todo lo que, en el pasado, no cuadra con su ideal de Estado centralizador, todo lo que les parece extraño al “progreso” industrial, comercial, burgués”.

Adrian Hastings en su libro La construcción de las nacionalidades demuestra que la nación-Estado no nace en 1.789, sino que su origen en algunos casos se puede remontar a la caída del Imperio romano, como es el caso de Navarra, al contrario de lo que sostienen los llamados “modernistas” Eric Hobsbawm, Benedict Anderson y Ernest Gellner, entre otros.

Ya Engels calificó a las naciones supuestamente sin Estado, refiriéndose al caso de los pueblos eslavos, como “naciones sin historia”. A su juicio carecieron de las “elementales condiciones históricas, geográficas, políticas e industriales de la independencia y de la vitalidad”, con lo que creaba quizás sin proponérselo un paralelismo entre historia y estatalidad. Estos prejuicios totalmente arbitrarios y rebatidos por las pruebas de los documentos históricos, sin embargo,  todavía son dogma de fe entre los gran-nacionalistas españoles, sedicentes “constitucionalistas”, con respecto a las otras naciones peninsulares dominadas.

La hegemonía política de la burguesía, según se entiende al poder alcanzado por esta clase social en el ámbito de la Europa occidental, se consolida entorno a los siglos XVIII y XIX, logrando constituir su nuevo Estado-nación en cada uno de los distintos Estados europeos en los que reemplaza al llamado orden feudal y a los regímenes políticos absolutistas. En los Estados europeos gobernados por monarquías con dominios imperiales, estos cambios también llamados revoluciones burguesas, crearon un tipo de Estado grannacional que englobaba bajo el poder de la gran nación dominante a las naciones europeas que ya habían sido sometidas previamente por las armas de las respectivas Coronas e Imperios. Es el caso de Inglaterra, Francia y España.

Por otro lado bastantes naciones europeas que habían estado bajo el dominio de Imperios y Monarquías expansionistas consiguen recuperar su Estado soberano, así Holanda, Portugal, Noruega, Finlandia, Irlanda, Islandia y Polonia; convirtiéndose  algunos de los Estados dominantes en Estado nación, mononacional, como es el caso de Austria, Hungria, Dinamarca y Suecia; y por otro lado está el caso de Estados europeos como Navarra y Escocia, que todavía continúan dominados bajo los tres Estados gran nacionales de la Europa occidental, por España y Francia la primera y por Inglaterra la segunda.

En este proceso, el Estado europeo histórico, denominado Navarra como nación política y Euskal Herria como nación cultural, que fue privado de su independencia en el siglo XVII, y desmanteladas y suplantadas sus instituciones estatales a mitades del siglo XIX, en 1841, no consiguió reunificar al conjunto de la fuerza social de los distintos territorios en que fue dividido por las Administraciones ocupantes, tras las sucesivas conquistas de su territorio, y en consecuencia no pudo recuperar su soberanía estatal, como nación. El papel de buena parte de la burguesía comercial e industrial fue conformarse con administrar los restos de la estatalidad  propia (los fueros), bajo la tutela del Estado gran nacional español, lo que ha coadyuvado a abortar todos los intentos de liberación del Estado nación de los navarros, o vascos.

TOMAS URZAINQUI MINA

Los remotos precedentes de las pertinaces falsificaciones historiográficas, comienzan al poco tiempo del inicio de la dominación de los pueblos germánicos, visigodos y francos. Fue San Isidoro de Sevilla el primero que rompe con el concepto tradicional de la unidad de la historia y separa de la Historia universal a la “Historia Gothorum”, para él es un pueblo en el sentido étnico, grupo humano genéticamente definido y con un destino providencial. Así su historia comienza en las remotas tierras de donde venían  y continúa en su vagar por el mundo, como el pueblo de Israel, hasta llegar gracias a la providencia divina a la Península de Hispania, que hasta entonces sólo era una denominación de significado geográfico, no político.

El reino de León, al crear su historiografía  en el siglo X, pretende que la monarquía astur-leonesa es una realeza goda en el exilio, continuando la historia del pueblo godo escrita por San Isidoro. Esta concepción leonesa será adoptada por Castilla desde el siglo XII, con capitalidad en Toledo, como sucesora de la Hispania goda. El mito fue desarrollándose en la historiografía castellana posterior, cambiando a los godos por los “hispani”.

Pero lo más preocupante es que desde finales del siglo XIX la historiografía española ha tomado decididamente el relevo del mito de la Hispania visigoda, como base para la legitimación de una supuesta unidad territorial, social, cultural y política de la península bajo la hegemonía castellana, excepción hecha de Portugal, Andorra y Gibraltar, lo que evidentemente demuestra lo futil del argumento. A pesar de que, en la realidad, los visigodos no dominaron en Vasconia, ni en el Sureste donde estaban los romanos de Bizancio ni en el Reino Suevo al Noroeste durante mucho tiempo.

Por el contrario, en el ámbito del Reino de Pamplona continuó la concepción unitaria de la Historia universal de tradición greco-latina y bíblica. En contra de lo  que se piensa, los vascones, conservando su lengua, el euskera, fueron profundamente romanizados y fieles a su estatus federativo con Roma. Los códices y los glosarios de los monasterios navarros del siglo X reflejan esa visión universal. La legitimidad del Reino de Pamplona, como se puede apreciar en el Códice de Roda, redactado en el “palatium” de los reyes de Pamplona hacia el año 992, tiene sus raíces en el Imperio romano, así lo demuestra la carta del Emperador Honorio a las milicias de Pamplona del año 408, conservada con el citado Códice, en la que les alecciona contra los bárbaros invasores. Los “navarri” aparecen en los documentos francos como los vascones que se mantienen independientes. Los documentos navarros los denominan también “los naturales”, que significa los de la tierra, los autóctonos, para distinguirlos de los  que han venido más tarde: francos, godos o musulmanes. Paul Ourliac constata cómo todavía en el siglo X los “ricos hombres” de Wasconia se consideran políticamente “romanos”.

Dicha legitimidad contrasta con la de la Hispania visigótica, basada en el pacto federativo con el mismo emperador Honorio unos años más tarde en el 418, pero que fue quebrantado unilateralmente por los godos. La historiografía española se basa a su vez en la de Castilla con el contenido al que nos hemos referido. Eduardo Hinojosa, Ramón Menendez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz, Justo Pérez Urbel, entre otros, o José Ortega y Gaset, como filósofo político, han creado la historiografía oficial española sobre grandes imposturas. Las cuales han sido puestas de relieve por José Mª Lacarra, Antonio Ubieto Arteta, José Goñi Gaztambide, Pierre Narbaitz, Anacleto Ortueta Azkuenaga, y ya desde antaño denunciadas por José Moret Mendi, Arnald Oihernart Echart y otros.