“Territorialidad y sujeto político”

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Parece necesario fijar primero el concepto de territorialidad, que es eminentemente jurídico y no “físico”. Así mismo es preciso tener presente que la actual desmembración territorial y jurídico-política del País, no es consecuencia de la voluntad de sus habitantes, en algún momento supuestamente manifestada, ni mucho menos del determinismo ciego de la naturaleza o del destino. Los actualmente llamados Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi y Zuberoa no son entes cuasi eternos. Una cosa es desear la unión y, otra muy diferente, pensar equivocadamente que dichas regiones han sido alguna vez realidades sociales soberanas y entidades independientes.

Todo lo contrario, cuando el territorio de lo que hoy es Araba, Bizkaia y Gipuzkoa era independiente por ser navarro, estas provincias no existían como tales y los naturales que allí vivían eran navarros. Navarra era un Estado independiente en el que no había una división territorial como ahora la entendemos. Los “tenentes” navarros jamás fueron señores feudales, ya que protegían en nombre del soberano las distintas comarcas y plazas, pero no de forma hereditaria sino siendo sustituidos periódicamente.

Fue siglos después de la pérdida de la independencia, cuando se fueron configurando las tres provincias occidentales, tal como hoy las conocemos. Por lo tanto la ruptura de la unidad territorial es fruto única y exclusivamente de la conquista. Una conducta ajena, antijurídica, violenta, contraria al “ius gentium” y quebrantadora de todos los tratados internacionales. Se materializó a través de la ocupación y dominación por potencias extranjeras, siguiendo sus exclusivos intereses, actuando progresivamente sobre Navarra entera, especialmente en las fechas señaladas de 1200 y 1512 por Castilla-España y  en1621 por Francia.

¿Cuál es, qué es, dónde está, “el sujeto político único”?: para mí, el sujeto político es la sociedad soberana. Esa es la respuesta clave del proceso. Pero evidentemente, la sociedad soberana habita y descansa sobre una base territorial jurídica, que es la territorialidad propiamente dicha.

De ahí que, sociedad soberana, territorialidad y derecho a decidir son a la vez conceptos complementarios e inseparables. O lo que es lo mismo y a la inversa: legitimidad, estatalidad y sociedad soberana. El proceso soberanista, de recuperación, devolución, reconocimiento y ejercicio de la soberanía, por esta sociedad concreta, plural y diferenciada, tendrá que hacerse desde la mencionada trilogía básica y única. Por ello, cualquier planteamiento de organización del proceso, a pesar del aparentemente insuperable obstáculo de las actuales particiones territoriales, político administrativas, impuestas, deberá comenzar desde el conjunto de la propia y única sociedad soberana, pues de ella surge toda legitimidad, legalidad, estatalidad y territorialidad.

La cuestión que entonces adquiere verdadera relevancia es, cómo se organiza esta sociedad soberana desde su actual situación de subordinación y partición. Se ha estado hablando de mesa, de partidos políticos y de mesa del Estado español con ETA. Pero no se está teniendo en cuenta, dada su importancia básica, al principal sujeto de todo el proceso: la sociedad soberana, hoy subordinada.

La organización de la sociedad soberana, pues así hay que llamarla, aunque en las circunstancias actuales sea una sociedad, en la práctica subordinada a otras, ha de comenzar desde ahora, adquiriendo voluntariamente conciencia de su ser soberano, que es igual que empezar ya a autodeterminarse, tal como cotidianamente lo hacen el resto de sociedades soberanas en el mundo.

La propia sociedad civil soberana ha ido creando de forma voluntaria sobre la base de la territorialidad sus organizaciones sociales, profesionales, económicas, culturales o deportivas, a pesar de los impedimentos que los Estados gran-nacionales dominantes ponen para ocultar la unidad de la sociedad subordinada. Por lo que los sindicatos, entidades culturales, cooperativas o colegios profesionales, son concreciones espontáneas de la territorialidad de la sociedad civil soberana.

La existencia previa de la soberanía y, por tanto, de un Estado propio aunque esté ahora hibernado, adquiere todo su valor, en el proceso soberanista y autodeterminativo, ya que son los hechos y la prueba irrefutable, que demuestran que una sociedad tiene derecho a recuperar su soberanía y su Estado, de los que fue privada por la fuerza. Este proceso no se olvidaría de los efectos de la dominación, tanto de las conquistas como de sus consecuencias, por lo que podrían ser exigidas las justas indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a esta sociedad y a su Estado sojuzgados.

La sociedad tiene que vivir siempre, aunque no se lo permitan, la cultura de su soberanía. La soberanía tiene que ir desarrollándose de forma permanente: cultivando, difundiendo y educando en la cultura de la independencia, sin esperar al día de la “resurrección”. La soberanía existe y se ejerce cotidianamente.

A la hora de defender la independencia es imprescindible afirmar que la teníamos y nos la quitaron por la fuerza, por lo que poseemos el derecho y la obligación de recuperar nuestro Estado independiente, hoy hibernado.

En el proceso soberanista, el principal elemento es la libre voluntad ciudadana, pero su firme hilo conductor es la soberanía recibida. Son necesarios actos de voluntad realizados por la mayoría ciudadana, que representen la inflexión soberanista para dar comienzo a una nueva y propia andadura democrática, a la vez que se asume la libre recuperación de la soberanía un día arrebatada, de forma violenta, injustificada e injustificable, por los conquistadores.

La mayoría soberanista contrae el compromiso de desarrollar el proceso democrático, a través del moviemiento social soberanista, lo que exige su implicación en todos los campos –cultural, económico, social, sindical, etc.- incluída la participación política e institucional, para desarrollar el marco democrático propio.

Más en concreto, tienen que ser las entidades de la sociedad civil las que se deban implicar directamente en el proceso soberanista. Dos pilares objetivos de esta sociedad soberana o sujeto político único son la lengua y el Derecho propios. Por encima de dialectos y particularismo jurídicos existe la realidad de la unidad idiomática del Euskera y la unidad de las instituciones del sistema jurídico propio.

Mi modesta opinión es que, la visualización del referente de la territorialidad tiene que tener ineludiblemente un carácter jurídico. Es decir, si la territorialidad es ante todo un concepto jurídico, resulta inútil todo planteamiento que la reduzca al ámbito programático y de los deseos, por muy colectivos que aparezcan. En nuestro caso la territorialidad jurídica sólo tiene un nombre: Navarra, como Estado propio. De ahí que el reconocimiento de la unidad territorial comienza por la recuperación individual y colectiva de la Navarra osoa. En algo tan simple, como poner nombre a la territorialidad, está el inicio de la solución del conflicto que padecemos.

La conceptualización de la territorialidad con el nombre jurídico-político de Navarra, deberá formularse por todos los actores sociales de lo que llamamos Euskal Herria. Así las instituciones culturales como Euskalzaindia, Eusko Ikaskuntza, Universidades, ikastolas, movimiento de euskaldunización, sistema educativo, medios de comunicación, las instituciones políticas como Parlamento Vasco, Juntas Generales, Ayuntamientos, Udalbiltza, instituciones sociales, sindicatos, partidos e instituciones económicas, como cooperativas y empresarios.

En esta tarea no hay atajos. La sociedad vasca se ha demostrado a sí misma, cómo mediante el trabajo perseverante ha sabido sacar adelante con éxito iniciativas sociales como las ikastolas. Sigamos este ejemplo tan nuestro para recuperar la territorialidad y la soberanía.

Tomás Urzainqui Mina

Pamplona-Iruñea, 2005-2-10,  Publicado en Herria 2000 Eliza