Éxito de las comunidades de propietarios, en el conflicto por la libre contratación del mantenimiento de ascensores. Revista Jurídica de Navarra

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SUMARIO

I. UN PROBLEMA PARA LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
II. LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
1. Actitudes restrictivas frente a la libre concurrencia del mercado
2. Fuero jurisdiccional impuesto contractualmente
III. SOLUCIONES PROVISIONALES
1. La buena fe en el desempeño del servicio
2. Falta de subrogación contractual y arrendamiento periódico de servicios
IV. INCIDENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA
1. Comienza la aplicación
2. Los contratos de adhesión
3. Claro desequilibrio entre las partes: las cláusulas abusivas e impeditivas del cambio de empresa de mantenimiento
4. La Directiva europea 1993/13 en relación con la redacción del artí- culo 10 bis de la Ley de la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984
5. Las sucesivas modificaciones legislativas en defensa de los consumidores, las garantías de la libertad de contratación y la libre concurrencia
6. Ley de Condiciones Generales de la Contratación
V. CLÁUSULAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO
1. Aplicación de las Leyes 7, 489 y 19 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra
2. Plazo injustificadamente largo que contradice el derecho al desistimiento de los arrendamientos de obra y servicios
3. Cambio jurisprudencial y ratificación normativa
4. Nulidad radical
VI. CRONOLOGÍA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL TOMÁS URZAINQUI MINA * El autor de este artículo, ha actuado como abogado defendiendo a las demandadas, comunidades de propietarios navarras, en todos los pleitos que en el mismo se comentan.

I. UN PROBLEMA PARA LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Las Comunidades, en sus respectivos edificios en propiedad horizontal, se ven obligadas a contratar, por imperativo legal, el mantenimiento de ascensores con una empresa especialmente autorizada para ello por la Administración Pública, en concreto por el Departamento de Industria. Esta necesidad, tanto legal, como real y objetiva, venía siendo utilizada, en la práctica, para imponer la firma de contratos prerredactados de adhesión de larga duración, con cláusulas de prórroga automática, con lo que las empresas del sector conseguían anular la libertad de contratación y concurrencia. Las Comunidades de Propietarios cuando llegaban al convencimiento, ya sea por motivos económicos o técnicos, de que debían cambiar de empresa de mantenimiento de sus ascensores, se encontraban con la enorme dificultad, a menudo casi insuperable, de rescindir el contrato que les unía hasta entonces con la empresa. Debido a ello, durante los últimos veinte años, ha tenido lugar un desigual enfrentamiento jurídico, entre las muy numerosas comunidades de propietarios y las empresas de mantenimiento que por todos los medios a su alcance se oponían al cambio de empresa. Algunas de las manifestaciones extremas del derecho de obligaciones han sido últimamente los contratos draconianos, con resultados aberrantes, facilitados en particular por los Códigos inspirados en el napoleónico, al consagrar el evidente eufemismo de la igualdad de las partes y su corolario de la intangibilidad de lo acordado. La llegada a las técnicas jurídicas, desde los ámbitos mercantiles del libre comercio, desarrollados en Estados protestantes como Holanda e Inglaterra, del axioma de la concurrencia mercantil en igualdad de condiciones, ha desarrollado una justicia equitativa que desde el campo mercantil se ha ido colando en los demás campos del derecho, hasta llegar al civil. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 supone el arranque de la tutela práctica del consumidor, cuyo objetivo es solucionar las disfunciones de la economía de mercado. Por otro lado, el mercado interior europeo se basa en la confianza de los consumidores. Nos vamos a centrar en aspectos de la protección de las Comunidades de Propietarios como consumidoras de servicios, aunque indirectamente se toca la vigilancia de las multinacionales del sector de ascensores. Asimismo, la regulación del derecho facultativo otorgado a los consumidores para desistir del contrato celebrado, se ha repetido en varias disposiciones comunitarias europeas, hasta que su normativa ha ido mejorando con el tiempo al ir depurándose la técnica.

II. LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

1. Actitudes restrictivas frente a la libre concurrencia del mercado La normativa aplicable exige a las empresas de mantenimiento que renueven la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad cada año. El R.D. 2.291/85 que regula el Reglamento de Aparatos de Elevación, establece que todas las empresas del sector deberán contar con autorización administrativa previa para poder realizar su actividad, inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras, artículo 10, que tiene solamente una vigencia temporal de un año y que deberá ser prorrogada por la Administración cuando haya verificado las condiciones requeridas para su concesión. Todo propietario de un aparato elevador está obligado “ex lege” a “… contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con empresas, inscritas en el Registro de Empresas Conservadoras, existentes en el correspondiente órgano territorial…” art. 13, TOMÁS URZAINQUI MINA apartado 1º, del citado Real Decreto de 8 de Noviembre de 1.985, que regula el Reglamento de Aparatos de Elevación. El número de los ofertantes de los servicios de mantenimiento de los aparatos elevadores es reducido en número, ocurriendo además que si no se produce la contratación con alguno de ellos, el propietario del ascensor no puede tener el mismo en funcionamiento. Ello condujo a una situación de tal preeminencia de las empresas de este sector sobre los consumidores, que estos se encontraron en una total subordinación a los intereses y pretensiones económicas de aquellos. Las empresas de mantenimiento alegan para mantener la continuidad de su contrato el coste de su plantilla laboral, lo que no es cierto ya que a tenor del mencionado Real Decreto 2.291/1985 de 8 de Noviembre, publicado en el B.O.E. de 11 de Diciembre de 1985, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, en su art. 16.3.2 b), para 75 ascensores a nivel provincial se precisa únicamente un operario cualificado con categoría de oficial; sólo a nivel de empresa se precisa de un técnico titulado de ingeniero superior o técnico y además con dos operarios cualificados. Un operario por cada 75 aparatos, 10 operarios serían necesarios para 750 aparatos, más el ingeniero técnico. Las pretendidas cargas laborales de la empresa de mantenimiento no son de recibo, ni tienen incidencia alguna, pues cabe significar que en ningún momento ha quedado acreditado que la larga duración de los contratos de mantenimiento y conservación sean debidos a “su estructura operativa y previsiones de trabajo del personal”, ni a la “amortización de sus inversiones”, cuando se trata de mano de obra, ya que el material lo cobra aparte, sino que el período de duración del contrato va a hacer referencia, única y exclusivamente, a una voluntad de la sociedad mercantil para realizar actividades anticompetitivas en el mercado, tal y como tuvo oportunidad de manifestar como veremos el Tribunal de Defensa de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia siguió un expediente sancionador, con el nº 267/90, contra diversas empresas conservadoras y mantenedoras de aparatos elevadores, en el cual se encuentra un informe-propuesta, realizado por el órgano administrativo encargado de la instrucción del citado expediente sancionador, en el que se manifiesta de forma expresa que, tanto en el sector de conservación como de mantenimiento de instalación de ascensores en el Estado español, aparece dominado “… por tres grupos principales de empresas (ZARDOYA OTIS, GIESA-SCHLINDER Y THYSSEN BOETTICHER), al hilo de un proceso de concentración que se refleja en el estudio económico realizado por el Servicio de Defensa de la Competencia…”. Señalándose posteriormente, en el citado Informe-propuesta que “… la falta de beneficios en la instalación y fabricación, debido a la crisis, así como la gran capacidad de generar ingresos a lo largo del sector de mantenimiento hizo atractiva dicha entrada, que no cesa de incrementarse hasta la fecha…”. Igualmente, que dadas estas circunstancias, no resulta extraño que en un subsector que se ha ido convirtiendo en la principal fuente de beneficios para las grandes compañías, (la mayor parte de la cifra de negocios de las empresas fabricantes), cuando se da el hecho de que la única forma de que dichos beneficios sean estables es minimizando las pérdidas de clientes, resulta necesario, por un lado, establecer contratos de larga duración, por otro lado, intentar evitar al máximo que los clientes obtenidos cambien de empresa. Esta es sin duda la razón que llevó a las prácticas prohibidas, que motivaron la decisión del Ministerio de Economía Francés, condenando a las empresas ASCINDER-OTIS, ROUX-COMBALUCIER-SCHINDLER Y KONE, entre otras, así como a la propia Cámara Sindical de Ascensores y Montacargas (C.S.A.M.), a multas que alcanzaban en algún caso los 7 millones de francos franceses. 160 Así, el Tribunal de Defensa de la Competencia en su resolución de fecha 23 de octubre de 1.991, señala la existencia de prácticas anticompetitivas de las empresas de mantenimiento “… prevaliéndose de las largas duraciones estipuladas para los contratos de conservación, …, de la persecución con éxito ante los Tribunales de los pocos clientes que los rescinden prematuramente, …, se logra por las empresas del expediente impedir cambios en la distribución entre ellas de los contratos de conservación y mantenimiento y la entrada en ese mercado de ciertas empresas que, …, ofrecen a los particulares que tienen ascensores condiciones económicas y plazos de duración más beneficiosos que los que ellos les imponen…”. En definitiva queda así probado, cómo una de las prácticas fundamentales en todas las compañías mantenedoras de aparatos elevadores del Estado español con gran volumen de negocios, es la de establecer contratos de larga duración para evitar única y exclusivamente que los consumidores o usuarios del citado servicio puedan cambiar de compañía de ascensores, por ello han sido sancionados también en el Estado español por el Tribunal de Defensa de la Competencia, al abono de una multa de 8.500.000,- Ptas., así como en su resolución de fecha 18 de mayo de 1992, se les ha intimado a que “… en el futuro se abstengan de realizar prácticas semejantes…”. 2. Fuero jurisdiccional impuesto contractualmente Una práctica habitual en los contratos de adhesión para el mantenimiento de ascensores ha sido la imposición del fuero del domicilio social de la empresa contratada, que podía ser la capital del Estado o la sede regional de su red comercial, localidad diferente a la de ubicación de la comunidad de propietarios contratante, con lo que ésta tenía una dificultad añadida al tener que pleitear fuera de su domicilio. III. SOLUCIONES PROVISIONALES 1. La buena fe en el desempeño del servicio A pesar de que la jurisprudencia y la legislación ya habían profundizado en el tema de las cláusulas abusivas, una reciente sentencia de fecha 7 de octubre de 2005, del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona/Iruña, dictada por D. Ernesto Vitallé Vidal, en el juicio ordinario nº 329/2005, entre la demandante Zardoya-Otis S.A. y una Comunidad de Propietarios de la C/Tudela de Pamplona, formula la resolución desestimatoria de la demanda en el principio jurídico de la buena fe: “Examinados los diversos preceptos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores en especial el artículo 10.1 apartado c), asimismo los bis 1 y 2 de dicho artículo, y en concreto la Disposición Adicional 1ª de la Ley 26/1984 a los efectos previstos en el artículo 10 bis, (cláusulas abusivas sobre duración de los contratos) e incluso la Ley sobre condiciones generales de contratación, art. 8.2 sobre condiciones generales abusivas, lo que se puede decir, por lo pronto, es que es verdad, que la larga duración de los contratos, puede implicar prácticas anticompetitivas de las empresas de mantenimiento, pero ello es materia del Tribunal de Defensa de la competencia, no de lo que aquí se plantea, por la sencilla razón, de que no puede haber abuso para el consumidor, si éste dispone de un plazo de 90 días antes de la expiración de la prórroga para dar por terminado el contrato y es más, la cláusula Penal que pretende esgrimir la actora, precisamente da libertad al consumidor, previa indemnización de un 50% de dar por terminado el contrato, aunque éste, esté prorrogado. No se impide al consumidor cambiar de empresa, aunque a nivel de mercado consideTOMÁS URZAINQUI MINA 161 rando la práctica de las pocas empresas del sector, de hecho, los plazos de duración, establecidos tienda a perpetuar tales empresas en el servicio de esos clientes. Ello de todas maneras, repetimos es tema de la Defensa de la competencia, si con ello se impide o se retarda a otras empresas entrar en ese mercado”. Sin embargo lo anterior, el juzgador de primera instancia encontró otra vía, para dar acogimiento a las pretensiones de la Comunidad de Propietarios demandada, al señalar que: “… hay un principio que se olvida, a menudo básico en Derecho civil (y en el ordenamiento jurídico en general) y es el de la buena fe, (art. 1258 del C.Civil) conforme al cual, deben aplicarse los contratos. Ya hemos hablado de la buena fe, en relación a la redacción de las cláusulas, por la actora y no hemos visto falta de ella, pero se puede preguntar ahora como, la empresa actora puede reclamar la aplicación de una cláusula Penal cuando constan sendas Actas de inspección aportadas como documentos nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de cuya lectura aparece nada menos que la observación de defectos graves se operó ya con fechas de 1 octubre del 2001, cuando la misma actora reconoce que hasta el año 2003 (Julio) siguió prestando servicios de mantenimiento. No se entiende, como pudo seguir prestando tales servicios, en esas condiciones. Hacerlo, fue un grave perjuicio para la comunidad demandada, y aquí si que hay un abuso de contrato, pues lo lógico y exigible según esa buena fe, era requerir formalmente (no bastando presentar presupuestos) para la inmediata adopción de esas reformas, y en un plazo prudencial pero corto, dar por resuelto el contrato. Aquí se pretendió mantener el contrato a toda costa, en condiciones desde luego, perjudiciales para la seguridad de los comuneros, cobrándose por un servicio, que no se puede considerar incumplido formalmente, por lo dicho, pero malicioso o al menos descuidado, para los intereses de la Comunidad responsable frente a sus miembros y frente a terceros del uso adecuado de los ascensores, negligencia contractual no justificada con la desidia de la comunidad al respecto. Exigir la aplicación de esa cláusula Penal, como indemnización de daños y perjuicios es al que debería haber sido requerido (la Comunidad), y aquí hay que darlos, por existentes aunque no haya habido una desgracia, pues si obligatoriamente (y no lo han desvirtuado las partes) se tuvo que llevar a cabo esas mejoras, se ha estado repetimos cobrando por un servicio no adecuado, incompleto, luego si es verdad que ha tenido que invertir por unas estructuras (planning) lo será por unas estructuras anteriores a esas reformas, luego, no hay perjuicio para ella (para ese acreedor) o al menos no lo ha demostrado, luego si no puede reclamar resarcimiento, menos la cláusula que lo sustituye, ni siquiera tampoco como cláusula penitencial, pues no se puede castigar, lo que al menos en parte es culpa de la propia hoy actora que ha descuidado, insistimos no ya sus obligaciones formalmente contratadas, sino las de un contrato celebrado de buena fe y que ha de ejecutarse siguiendo ese principio básico, de forma, de aducir que aquí no haya causa de rescisión unilateral, sólo le sirve a la actora para atenerse literalmente a la carta de la demandada y por tanto a la letra del contrato, pero cuando ella misma ha proporcionado motivos a la otra parte de no seguir con ella, no puede aducir incumplimiento en verdad de la demandada no sólo por esa ausencia acreditada de perjuicio, sino porque hay que presumir incluso que ha estado obteniendo un beneficio al no desempeñar el servicio como se debía y por tanto, no procede indemnización alguna al amparo de tal cláusula, que es lo pedido, y no otra cosa no lo olvidemos. Por último hay que añadir que la resolución unilateral de los contratantes no se encuentra prohibida y si por el contrario, autorizada en los contratos de tracto sucesivo, como parece que es éste, de mantenimiento periódico (S. 16-9-88). No es en definitiva, aquí la buena fe de que hablamos algo subjetivo como creencia psicológica, sino un principio objetivo general de no reclamar a la Comunidad demandada, cuando no se ha observado, debidamente las exigencias de un buen técnico (aquí de ascensores unido por un contrato además con el hoy demandado). No ha habido un comportamiento, en conclusión de la hoy actora justo, real y adecuado (S. 6-3-99), a las condiciones de ese tipo de contrato, que exigen estar al día de lo que la Administración exige en seguridad, sin tener porque consultar a la otra parte, o al menos, como decíamos, procediendo en su caso a denunciar por él mismo el problema a la hoy comunidad demandada. En conclusión sería contrariar el art. 1258 del C. Civil y al mismo espíritu contractual, en su autonomía de voluntad (art. 1255 del C.Civil) así como claramente injusto hacer efectiva una cláusula Penal en esta situación, en provecho de una empresa, como tal especialista en ese tema y conocedora por Ley, de los imperativos exigidos sobre mejoras que no ha realizado pretextando una pasividad de la comunidad, que aunque cierta, a ella no le exime por lo dicho y que produce esos efectos desestimatorios en esta reclamación indemnizatoria aquí especialmente ejercitada en base a una cláusula Penal, no por otras cuestiones contractuales”. 2. Falta de subrogación contractual y arrendamiento periódico de servicios Es práctica habitual que la instalación de ascensores en los nuevos inmuebles se haga por encargo de la empresa constructora, quien contrata con la misma empresa instaladora el mantenimiento de los ascensores para largo plazo. Después, cuando se transmitan las viviendas, no se formaliza con la recién creada Comunidad de Propietarios la continuidad del contrato. Ya la Sentencia dictada por sometimiento contractual en Zaragoza, en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 A, juicio de menor cuantía nº 599/92, entre la Comunidad de Propietarios de la c/Urzainqui de Pamplona y la empresa de mantenimiento de ascensores Giesa Schindler S.A., dictada el 9 de febrero de 1993, y la dictada en apelación por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 29 de noviembre de 1993, desestimaban la demanda contra la citada Comunidad de Propietarios, en virtud de la no subrogación contractual del Contrato firmado entre las empresas promotora-constructora del edificio y la de montaje y posterior mantenimiento de los ascensores, con respecto a la Comunidad de Propietarios. Por lo que al no dar valor al viejo contrato, se da por aplicado lo previsto en la Ley 589 de la Compilación de Navarra y en el artículo 1581 del Código Civil para los arrendamientos periódicos de servicios, anual o por meses, si es así el pago del servicio. IV. INCIDENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA 1. Comienza la aplicación La sentencia pionera, siendo ponente D. Fermín Zubiri Oteiza, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra con fecha 17 de octubre de 1994, en el Juicio de Cognición 570/93, en demanda interpuesta por la empresa de mantenimiento Giesa-Schindler frente a una Comunidad de Propietarios de la C/Iturrama de Pamplona, confirmatoria de la del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de PamploTOMÁS URZAINQUI MINA 163 na, consagra ya la aplicación de la nueva normativa en materia de contratación masiva o de adhesión. En la misma, se examina si es o no abusiva, y contraviene o no los derechos que como consumidora y usuaria ostenta la Comunidad demandada. La cláusula relativa a la duración del contrato por tiempo de cinco años y su tácita prórroga por iguales periodos sucesivos si no existe denuncia del contrato con tres meses de antelación a su vencimiento, partiendo del hecho de que la referida cláusula aparece incluida en un contrato previamente redactado en lo esencial por la empresa actora, unilateralmente, excepto en lo relativo a fechas, contratantes y precio y forma de pago, siendo la cláusula que nos ocupa una de las que figuran ya impresas y previamente redactadas, formando parte, en definitiva, del conjunto de cláusulas que la actora aplica en sus contratos con los usuarios del servicio que presta, aplicando tal cláusula con carácter general, según se desprende de la propia postura mantenida por la demandante, refiriendo la existencia de pleitos semejantes en diferentes provincias. La meritada Sentencia, ante ello, afirma: “… no podemos sino compartir el criterio sustentado por la Juzgadora de instancia en cuanto consideró abusiva la cláusula cuestionada y, por tanto, no vinculante para la demandada. En efecto, la duración fijada en el contrato y sus sucesivas prórrogas tácitas, y la forma en que se plasmó en el contrato, revelan la realidad del hecho de hallarnos ante un contrato de adhesión que incluye una cláusula que es calificable como de carácter general conforme a lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por cuanto viene redactada por la actora con carácter previo y unilateral y es aplicable a los contratos que suscriben los usuarios con la misma, no pudiendo evitar estos, siquiera en forma relativa, en relación con la actora, su aceptación si desean obtener el servicio contratado”. Rechaza la apelación de la actora, ya que: “Lo indicado conlleva el fracaso de la acción ejercitada, al basarse la reclamación en el precio del servicio pactado y en la consideración de que el contrato vinculaba a las partes durante el periodo al que se contrae la reclamación, consideración que no compartimos, dada la nulidad de la referida cláusula, habiendo dado por rescindido el contrato la Comunidad demandada, tras los 12 años durante los que se mantuvo la relación entre las partes, siendo ajustada a derecho tal rescisión dada la nulidad de aquella cláusula, lo que facultaba para disponer la rescisión en cuestión, sin que mantuviera derecho alguno la actora en orden a percibir el precio de los dos trimestres posteriores a la rescisión, precio que se reclama en el presente procedimiento”. 2. Los contratos de adhesión La Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 30 de mayo de 2006, siendo ponente D. Fermín Zubiri Oteiza, fija la calificación de los contratos de adhesión; dictada en el rollo de apelación civil de la Sala nº 123/2006 derivada del juicio verbal nº 389/2005 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tafalla, entre el demandante Zardoya Otis, S.A. y la demandada la Comunidad de Propietarios c/Dabán de Peralta: “… valorar si es válida y eficaz, como pretende la parte apelante [empresa de mantenimiento de ascensores], la cláusula 10ª contenida en el contrato concertado entre las partes y en la que basa la parte actora su pretensión. En dicha cláusula se fija una duración del contrato de 5 años que se considerará después tácitamente prorrogado por iguales periodos sucesivos, y en ella, además, y para el supuesto de rescisión unilateral por parte del cliente antes que su vencimiento, se establece una indemnización a favor de la actora igual al 50% del importe del mantenimiento pendiente desde el momento de la resolución unilateral hasta la fecha de su vencimiento final. A fin de resolver tal cuestión debemos destacar, inicialmente, que, examinado el contrato de mantenimiento suscrito entre las partes, aparece, con rotundidad, que el mismo, salvo específicas indicaciones relativas a nombres de los intervinientes y fechas y firmas, figura en un modelo impreso correspondiente a la entidad actora, y se reflejan diferentes cláusulas contractuales que parecen ostentar un carácter general, hallándose destinadas a regular las relaciones de la parte actora con quienes contraten con la misma el mantenimiento de sus ascensores. Por tanto, parece claro que nos hallamos ante un contrato en el que se aprecian los caracteres generales de los contratos de adhesión a unas condiciones generales. En efecto, aparecen en dicho contrato una serie de cláusulas impresas que parecen ser propias de impresos uniformes destinados a un número indeterminado de posibles contratantes por parte de la sociedad anónima actora, tratándose de un contrato al que aparentemente la parte demandada se limitó a mostrar su adhesión, no constando que ninguna de las cláusulas contenidas en dicho contrato haya sido pactada individualmente. Ello determina la consideración de dicho contrato como de adhesión, siendo la antedicha cláusula calificable como de carácter general, y ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su redacción anterior, incluso, a la reforma operada en dicha Ley por la Ley 7/1998 de 13 de Abril. No obsta a tal conclusión la posibilidad de que, no obstante hallarnos ante un contrato de adhesión, hubiese sido factible pactar algún aspecto especí- fico entre las partes de forma que alguna cláusula aislada hubiere podido ser objeto de negociación individualizada, toda vez que debe ser valorado el contrato en su conjunto, de modo que, si del mismo deriva esa valoración de contrato de adhesión, no afectará a tal calificación la circunstancia de que alguna de la cláusulas hubiere podido ser pactada de manera específica, especialmente si consta que la cuestionada ostenta las mismas características de generalidad y constancia impresa, que todas las demás cláusulas contractuales, como sucede con la que nos ocupa. Tal interpretación viene avalada por sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Navarra como las de 29 de marzo de 2003 y 26 de marzo de 2003, en las que así se aprecia, con cita del art. 1.2 de la Ley 7/1998 de 13 de Abril, la cual, siquiera a efectos interpretativos, avalaría la conclusión de que nos hallamos ante un contrato de adhesión, aún cuando no fuere aplicable la referida Ley 7/1998”. TOMÁS URZAINQUI MINA 165 “… hallándonos, por tanto, ante un contrato de adhesión, y a fin de valorar la cláusula 10ª antes transcrita, hemos de remitirnos a la doctrina de la referida Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, plasmada en las citadas sentencias, y en las propias sentencias de esta Audiencia Provincial, en concreto la sentencia de 20 de junio de 2001 de esta misma Sala, en la que se cita otra anterior de la Sección 2ª de esta misma Audiencia Provincial de fecha 16 de octubre de 1994. En dichas sentencias y en supuestos muy similares al que nos ocupa, se concluyó que cláusulas como la que examinamos son abusivas conforme a lo establecido en el art. 10.1-3º, en relación con el art. 10-1-c) de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios, en su redacción vigente a la fecha del referido contrato”. “Partiendo de lo expuesto, y sin necesidad de mayores consideraciones, remitiéndonos a la referida doctrina jurisprudencial, que damos por reproducida para evitar inútiles repeticiones, hallándonos ante un caso idéntico al que fue objeto de valoración en las referidas resoluciones, tanto en cuanto a la referida duración del contrato, como en cuanto al sistema de prórroga tácita y automática, como en lo relativo a la cláusula penal contemplada en el supuesto de resolución unilateral; no podemos sino concluir, conforme al contenido de tales resoluciones, que nos hallamos ante una cláusula abusiva contemplada en un contrato de adhesión, que conlleva un claro desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Por tanto, solo cabe compartir el criterio sustentado en la resolución recurrida, estimando que es radicalmente nula la cláusula contractual en la que fundamenta la parte actora su pretensión, por lo que tal pretensión fue acertadamente desestimada por la juzgadora de instancia”. Rotunda consagración de la citada doctrina sobre los contratos de adhesión y la nulidad radical de la cláusula penal sobre la prórroga y resolución del contrato, en la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, siendo ponente D. José Francisco Cobo Saenz, dictada el 31 de julio de 2007 en grado de apelación del rollo civil de Sala nº 240/2006, derivado del juicio ordinario nº 628/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Estella, entre la Comunidad de Propietarios de la Travesía Raimundo Lanas de Andosilla y la empresa de mantenimiento Zardoya Otis, S.A., donde se establece que: “Este Tribunal Provincial, de un modo prácticamente unánime, ha venido considerando, que el contrato de mantenimiento de ascensores, es un contrato de adhesión al estar todo él previamente redactado por la empresa que presta este tipo de servicio, limitándose las comunidades de propietarios (obligadas a contratar dicho tipo de servicios, en virtud de lo reglamentado en el R.D. de 8-11-1985), a prestar su consentimiento. Siendo generalizado el criterio, como decimos de la Audiencia Provincial de Navarra, en el sentido de que los periodos de duración contractuales en este tipo de contratos de mantenimiento, superiores a 5 años, son abusivos. Por tanto calificado el contrato como de adhesión, resulta aplicable al mismo el art. 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su redacción inicial establecía que las cláusulas, condiciones y estipulaciones que, con carácter general, se apliquen a la oferta promoción o venta de productos o servicios, deberán cumplir entre otros, el requisito de la buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, lo que, entre otras cosas, excluye las cláusulas abusivas entendiendo por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores y usuarios, definición que en lo sustancial se recoge y desarrolla en el art. 10 bis de la Ley, tras la modificación de su texto introducida por la Disposición Adicional 1ª de la Ley 7/98, de 13 de abril de Condiciones Generales de Contratación”. 3. Claro desequilibrio entre las partes: las cláusulas abusivas impeditivas del cambio de empresa de mantenimiento Ya la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la Sentencia de 17 de octubre de 1994, llegó a apreciar la existencia de un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de la comunidad de propietarios demandada, como consecuencia de la cláusula que se cuestiona, pues estableció que además de ese carácter general, la cláusula en cuestión es de considerar que resulta abusiva, por cuanto determina una posición de desequilibrio entre las partes contratantes, en beneficio para la empresa actora, y en perjuicio del usuario del servicio contratado. “La referida cláusula supone, por una parte, un claro privilegio para la actora, garantizándole la permanencia del contrato y, en definitiva, del beneficio que le reporta la continuidad del cliente durante un periodo de tiempo realmente prolongado, cinco años, favoreciéndose, además, una superior duración al facilitarse la continuidad del contrato salvo denuncia al respecto, fijándose sólo la posibilidad de dicha denuncia en una fecha demasiado lejana tras la prórroga, cual es la de otros 5 años más”. “Sin embargo, por otra parte, no sólo ningún beneficio se desprende de lo actuado que otorgue al usuario tal prolongada duración del contrato, dado que la prestación del servicio que se garantiza podría obtenerla mediante contratación con terceros, sino que se le causa un importante perjuicio, cual es el consistente en la imposibilidad de contratar con terceros y optar, en definitiva, por otra posible oferta de prestación del servicio más conveniente a sus intereses durante un largo periodo de tiempo de 5 años, tácitamente prorrogable por otros iguales y sucesivos, apreciándose en tal cláusula una vocación de mantenimiento indefinido del vínculo contractual, o, al menos, de prolongarlo el máximo posible, dentro de un límite temporal mínimo muy considerable”. Al tratarse, “la examinada de una cláusula que no fue negociada individualmente, sino que formaba parte de un contrato de adhesión utilizado por la empresa actora en su relación con los usuarios, lesionando tal cláusula el interés del usuario, al someterle a dicho contrato durante un largo periodo de tiempo, que la cláusula tiende a prolongar mediante la prórroga tácita que prevé con posibilidad de denuncia sólo en los tres meses anteriores a la lejana fecha prescrita como límite, sin posibilidad de contratar con terceros de forma total durante 5 años, y dificultada tal posibilidad posteriormente dada la tácita prórroga prevista, suponiendo la referida cláusula un claro beneficio para la actora, sin correlativa utilidad para la demandada, y sí, por el contrario, en detrimento de sus intereses, al suponer una renuncia a contratar con terceras empresas de las que pudieran obtenerse mejores condiciones durante tan largo periodo de tiempo”. La Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de junio de 2001, siendo ponente D. Fermín Zubiri Oteiza, dictada en apelación en los Autos de Juicio de Menor Cuantía nº 561/2000, procedentes de Juzgado de Primera 166 TOMÁS URZAINQUI MINA Instancia nº 2 de Pamplona/Iruña, recurso de apelación nº 93/2002 entre la demandante “Ascensores Cenia, S.A.” y las demandadas Comunidad de Propietarios C/Oianpea y Comunidad de Propietarios c/Karrobide ambas de Villava. Entiendo que nos encontramos por tanto, ante una cláusula abusiva, y la consecuencia de su identificación como tal, no puede ser otra, que la que “desde siempre”, se ha establecido en nº 2 del art. 10 bis de la Ley 26/84, es decir, la misma es nula de pleno derecho y se tendrá por no puesta. Reconoce la enorme dificultad de rescindir el Contrato: “…y sólo pudiendo apartarse del contrato la demandada, fuera de los periodos establecidos en el contrato, asumiendo unas consecuencias indemnizatorias ciertamente gravosas para la misma; todo ello nos lleva a apreciar la existencia de un claro desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicios de la demandada, como consecuencia de las cláusulas referidas”. “La estipulación 10ª, del contrato de mantenimiento, que constituye como hemos visto, el exclusivo fundamento jurídico, de la reclamación formulada por la actora, reúne por sí sola, diversas de las indicaciones, que permiten considerarla como abusiva. El plazo de duración es ciertamente excesivo, tal y como desde siempre, lo ha venido considerando este Tribunal Provincial; el establecimiento de limitaciones, que lisa y llanamente excluyen el derecho de la comunidad de propietarios interpelada, a poner fin al contrato es obvio. Aplicando la cláusula penal, se le está exigiendo el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente y está absolutamente claro que el profesional, es decir en este caso la mercantil demandante, posee una incondicionada facultad de ejecución unilateral de la cláusula penal en cuestión”. 4. La Directiva europea 1993/13 en relación a la redacción del artículo 10 bis de la Ley de la Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984 La cláusula calificable como general, a los efectos de la Ley de Consumidores y Usuarios, conforme a lo definido al respecto en el art. 10-2 de dicha Ley, es, además, abusiva, entendiendo por cláusulas abusivas la Directiva 93/13 de 5-abril-93 de la C.E.E., aplicada por el T.S. en sentencia de fecha 23-julio-93, “aquellas que no se han negociado individualmente cuando se hayan redactado previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido en particular en los contratos de adhesión”, siendo incluible la que nos ocupa en tal concepto, así como en el que nos ofrece el art. 10.1c) 3º de la misma Ley de Consumidores y Usuarios, no cumpliendo el requisito de justo equilibrio de las prestaciones que contempla tal art. Que deben cumplir las cláusulas generales; todo lo cual determina su nulidad, y que sea tenida por no puesta, en aplicación del nº 4 del repetido art. 10 de la misma Ley de Consumidores y Usuarios. Tal como dispone el artículo 3.1 de la directiva de la CEE 93/13 de 5 de abril, que se transcribe en el citado artículo 10 bis de la Ley 26/1984 de 19 de julio, tras la reforma de la Ley 7/1998 de 13 de abril, donde se consideran cláusulas abusivas aquellas no negociadas individualmente que sean contrarias a la buena fe, que causen al consumidor un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, y en general que defrauden las expectativas razonables que se derivan de la justa reciprocidad de las prestaciones, Sentencias del Tribunal Supremo 4 de diciembre de 1996, 2 de febrero de 1999, 24 de julio de 2002. Y en particular la disposición adicional primera de la Ley 26/1984 redactada conforme a la reforma de la Ley 7/1998 de 13 de abril, dispone que a los efectos previstos en el artículo 10 bis antes referenciado, tendrán el carácter de abusivas y por tanto se tendrán por no puestas “las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo”. Entiende “por cláusula abusiva la directiva 93/13 de 5 de Abril de 1993 “las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente… si, pese a la exigencia de buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, que se deriven del contrato”, añadiendo que se considerará que una cláusula “no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente, y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en contratos de adhesión” (art. 3 de la referida directiva); atendido todo ello, y siendo incluibles las cláusulas examinadas en el concepto de cláusulas abusivas que ofrece el art. 10-1-C-3º de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no cumpliendo el requisito de justo equilibrio de las prestaciones que deben cumplir las cláusulas generales, según lo establecido en tal artículo, pretendiéndose, en definitiva, mediante las mismas, por parte de la sociedad actora, vincular un periodo de tiempo excesivamente largo a la comunidad demandada a las obligaciones derivadas del indicado contrato, salvo asunción de una desmedida indemnización que suponía un desequilibrio claro para la misma en su perjuicio y en beneficio de la sociedad actora; atendido todo ello, no podemos sino concluir que las referidas cláusulas relativas a la duración, pró- rroga, y rescisión contractual resultan ser abusivas conforme a la indicada normativa”. 5. Las sucesivas modificaciones legislativas en la defensa de los consumidores, las garantías de la libertad de contratación y la libre concurrencia Como resume el ponente D. José Francisco Cobo Saenz, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, de fecha 31 de julio de 2007, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora para la protección de los consumidores y usuarios, según se explica en el punto VI de la exposición de motivos, en coherencia con las Directivas comunitarias en materia de derecho de consumo, en concreto, la Directiva 2005B/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo, sobre prácticas comerciales desleales, precisamente, para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato, se introducen, en la Ley 44/2006, diversas modificaciones destinadas a regular aspectos esenciales de las relaciones jurídico privadas con los consumidores, pues en definitiva se pretende incrementar la protección del consumidor en diferentes ámbitos, en los que la experiencia ha puesto de manifiesto la existencia de diversos déficit de protección. Y así en concreto, en la Directiva 2005/29, se prohíben las cláusulas contractuales que establezcan las expresadas limitaciones para el ejercicio de los derechos del consumidor, y, en particular, la imposición de plazos de duración excesivos, o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. Sigue la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra: “La anterior interpretación es acorde con el contenido de la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que al efectuar formalmente la trasposición al derecho interno de la antedicha directiva comunitaria, definió como abusivas ”las cláusulas que reserven 168 TOMÁS URZAINQUI MINA al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo, … así como las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo” y “la vinculación incondicional del consumidor al contrato aún cuando el profesional no hubiere cumplido sus obligaciones, o la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones”, normativa esta que, si bien no es aplicable a los contratos que nos ocupan, al ser posterior a tales contratos, sí sirve, sin embargo, de interpretación de la normativa en vigor en la fecha en que se concertaron los mismo, en relación con la directiva comunitaria antes citada, y que viene a confirmar que las referidas cláusulas son abusivas, lo que debe determinar que se declare su nulidad y se tengan por no puestas, conforme a lo establecido en el nº 4 del art. 10 de la antedicha Ley de Consumidores y Usuarios”. 6. Ley de Condiciones Generales de la Contratación La Ley 7/98, de 13 de abril de 1998, de Condiciones Generales de la Contratación, en su Disposición Adicional 1ª, tuvo como objeto fundamental la transposición, de una de las Directivas en materia de consumo, de la Unión Europea, en concreto la Directiva 93/13CEE del Consejo de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. V. CLÁUSULAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO 1. Aplicación de las Leyes 7, 489 y 19 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra A tenor del Derecho Navarro, por la aplicación de las Leyes 7, 489 y 19 de la Compilación del Derecho Civil Foral, en relación con las directivas europeas sobre la defensa de la competencia y de los consumidores, que consagra la nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos. La que, siendo ponente D. José Antonio Álvarez Caperochipi, será ya decisiva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 26 de marzo de 2003, dictada en el rollo de casación foral nº 45/02, estimativa del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra el 10 de diciembre de 2001, en autos del juicio declarativo de menor cuantía nº 678/00, sobre validez de condiciones generales de contratación y responsabilidad contractual, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona, siendo recurrente en Casación la demandada Comunidad de Propietarios de la C/ Sanducelai y la demandante “Thyssen Boetticher, S.A.”, en reclamación de una cantidad de 1.163.960 Ptas., por una supuesta rescisión unilateral del contrato sin que exista incumplimiento por parte de la empresa Thyssen Boetticher, S.A., el cliente vendría obligado por el contrato a pagar, en concepto de indemnización, una cantidad equivalente al 50% del importe correspondiente a las mensualidades que se hubieran de abonar, hasta la fecha de finalización pactada en el contrato de mantenimiento. La meritada Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra establece que, la fuerza vinculante de un contrato no puede fundarse en unas cláusulas que han de calificarse como nulas por abusivas en su duración, prórroga automática y penalización desproporcionada del desistimiento. El motivo del recurso fue la infracción de las Leyes 7, 489 del Derecho Civil Foral de Navarra, al no haberse considerado nulas las cláusulas contrarias al Orden Público, o a una Ley, opuestas a un precepto prohibitivo de esta Compilación de conformidad con la Ley 19 de la misma. Nulas a tenor de la directiva CEE 93/13 de 5 de abril, Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984 y la Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de Contratación, argumentando además la parte recurrente que el coste del servicio era muy superior al de mercado y que la duración de cinco años contradice la exigencia anual de autorización administrativa del servicio de mantenimiento. 2. Plazo injustificadamente largo, que contradice el derecho al desistimiento de los arrendamientos de obra y servicios La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 26 de marzo de 2003, establece que, “Las cláusulas debatidas en el presente contrato, en cuanto a su duración de cinco años, en cuanto a su sistema de prórroga tácita y automática, salvo notificación expresa de desistimiento, con exigencia de preaviso, y en cuanto a la rigurosa penalización de su resolución que obliga a pagar el 50% del coste del servicio hasta la finalización del periodo contractual, entran claramente en el ámbito de la nulidad radical de las cláusulas abusivas antes referenciada, pues su duración está fijada por un plazo injustificadamente largo, que contradice el natural derecho al desistimiento de los arrendamientos de obra y servicios, Leyes 562 y 589 del Fuero Nuevo de Navarra; artículos 1542, 1544, 1583 y 1588 del Código Civil”. “Impone condiciones gravosas y desproporcionadas que lesionan las expectativas razonables de las partes contratantes, pues se acredita que el servicio de mantenimiento de ascensores puede obtenerse libremente en el mercado de modo más ventajoso para la Comunidad demandada; y finalmente la cláusula penal establecida como condición general y ligada a una cláusula de duración que se ha declarado nula, ha de seguir la condición de esta; pues si nula es la duración de un plazo injustificadamente largo, nula será la cláusula penal ligada a dicha duración”. 3. Cambio jurisprudencial y ratificación normativa Las últimas resoluciones de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han consagrado de forma expresa e inequívoca el cambio en la interpretación de los contratos llamados de adhesión y sus cláusulas penales, como señala el ponente D. Francisco José Cobo Sáenz en la S.A.P.N. Secc. 2ª de 31 de julio de 2007: “…nuestro parecer, es discrepante del mantenimiento en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida y coincidente con lo expuesto en el desarrollo de la alegación sexta del recurso, en la que se considera que la cláusula 10ª del contrato de adhesión aportado de adverso es abusiva y por consiguiente nula, debiendo entenderse por no puesta. Pero hay todavía más, los sucesivos perfeccionamientos normativos de esta interpretación jurisprudencial: “Este criterio, mantenido, uniformemente, como hemos señalado, por este Tribunal Provincial y también, por la Sala de lo Civil y Penal del T.S. de Justicia de Navarra, en su sentencia de 26-3-2003, ha encontrado, plena ratificación normativa, -con lo que diluyen, las dudas apuntadas, en su fundamento de derecho tercero, por la juzgadora a quo-“. 170 TOMÁS URZAINQUI MINA “Con referencia a los contratos de prestación de servicios, de tracto sucesivo, se indica en el reseñado epígrafe de la exposición de motivos, que “… se han observado prácticas obstruccionistas al derecho del consumidor a ponerles fin”. Y así, en el elenco de cláusulas abusivas, “a los efectos previstos en el art. 10 bis”, de la citada Ley 26/84”, se considera, como una de ellas en el epígrafe IV “sobre garantías”, las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia a un establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas a las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al profesional de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados”. 4. Nulidad radical No resulta de aplicación, en los supuestos que nos ocupa, la Ley 34 del Fuero Nuevo de Navarra, teniendo en cuenta que nos hallamos ante un supuesto de nulidad radical, al igual que el contenido del art. 1301 del Código Civil en cuanto establece que la acción de nulidad solo durará 4 años, ambas no resultan aplicables, solo contempladas para el supuesto de anulabilidad. (S.A.P.N. Secc. 1ª de 30 de mayo de 2006). VI. CRONOLOGÍA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL – 1984, 19 de julio: Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ley 26/84. (BOE 24 julio). – 1993, 5 de abril: Directiva del Consejo 93/13 CEE. – 1993, 29 de noviembre: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 A de Zaragoza, en el juicio de menor cuantía nº 599/92 de 9 de febrero de 1993 y la confirmatoria dictada en apelación pro la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 29 de noviembre de 1993. – 1994, 17 de octubre: Sentencia desestimatoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de la apelación del Juicio de Cognición 570/93 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pamplona. – 1998, 13 de abril: Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de Contratación. – 2001, 20 de junio: Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada en apelación en los Autos del Juicio de Menor Cuantía nº 561/2000, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona, estimativa del recurso de apelación nº 93/2002. – 2003, 26 de marzo: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictada en el rollo de casación foral nº 45/02, que fue estimativa del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 10 de diciembre de 2001, en autos del juicio declarativo de menor cuantía nº 678/00. – 2005, 11 de mayo: Directiva 2005B/29/CEE, prácticas comerciales desleales. – 2005, 7 de octubre: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, en el juicio ordinario nº 329/2005. – 2006, 30 de mayo: Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, desestimatoria dictada en el rollo de apelación civil de la Sala nº 123/2006 derivada del juicio verbal nº 389/2005 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tafalla. – 2006, 29 de diciembre: Ley 44/2006, protección consumidores. – 2007, 31 de julio: Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, estimatoria en grado de apelación del rollo civil de la Sala nº 240/2006, derivado del juicio ordinario nº 628/2005 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Estella.

Revista Jurídica de Navarra n° 44, Julio-Diciembre 2007