Como contribuir a la paz

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Es imposible imaginarse como paladines de una sociedad intercultural y reconciliada, a los partidarios del apartheid sudafricano, a los causantes del holocausto o a los cuneteros del treinta y seis. Pero esto es lo que se pretende inocular a través de los medios.

Los torturadores, genocidas y homicidas en general no pueden convertirse tras una leve capa de maquillaje con polvo “democrático”, sin confesión de sus crímenes ni arrepentimiento alguno, en supuestos defensores de la pluralidad y la tolerancia. No vale para la Justicia la confesión secreta, tiene que ser pública.

La “Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica” consiguió por medio de juicios celebrados a lo largo y ancho del país, que más de mil represores confesaran en público y delante de unas veinticinco mil víctimas, a las que previamente debían escuchar sus crímenes y atrocidades. Sólo así los tribunales de justicia podían aplicarles de forma individual la amnistía. También tuvieron que someterse a ese juicio los guerrilleros del Congreso Nacional Africano. Era preciso el acto público de la confesión por el delincuente.

Estas nuevas Leyes para la reconciliación fueron aprobadas, no por el régimen del apartheid sino, una vez derrocado este, por el parlamento que reflejaba en su composición las mayorías reales del País.

En Navarra existe una doble quiebra social, la que impone el Estado gran-nacional y la que ejerce el neofranquismo que da continuidad a la dominación asentada en 1936. Los causantes de esta situación no van a hacer nada que favorezca la reconciliación, pues creen que eso puede cuestionar sus privilegios.

Son los excluidos del sistema a pesar de su postración los que deberán tener más participación en el cambio de situación. Los desafectos, preteridos, perseguidos por el régimen deben hallarse en condiciones de testimoniar ante la mayoría social sobre sus padecimientos en pos de la democracia para todos. Así ha sido en otros sitios donde se ha producido el cambio. La desmemoria no ayuda a la verdad ni a la democracia.

La injerencia de un Estado en el sistema jurídico de otro, niega la existencia de la soberanía social en este último y como consecuencia impide el funcionamiento de la democracia y el respeto a los derechos democráticos de sus ciudadanos.

No es posible “una arcadia feliz” que está basada en el ocultamiento.