Minoración del derecho tras el desmantelamiento institucional

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La suplantación, minoración, división y desamortización, tras el desmantelamiento institucional.

El desmantelamiento de las instituciones navarras, tanto al norte como luego al sur del Pirineo, obedecen a proyectos ideológicos de los nacionalismos grannacionales francés y español, no a supuestas revoluciones  burguesas liberales.

En julio de 1.789 los Estados Generales de Navarra se dirigen a Luis XVI, exigiendo el restablecimiento del pacto y colaboración entre el Rey y la Asamblea en los siguientes términos: “Vuestra Majestad ha declarado solemnemente que quería devolver a sus súbditos el ejercicio de todos sus derechos: los de Navarra no son ni dudosos, ni  equívocos. Están fundados sobre el título que ha dado los Reyes a Navarra… esto no es ni una Constitución nueva, ni nuevos derechos que los Estados de Navarra piden a Vuestra Majestad. Por muy pobres que ellos sean, vuestros pueblos de Navarra no tienen necesidad para ser felices y libres más que ser lo que ellos han sido durante más de mil años”.

En dicho memorandum al Rey de Francia, las Cortes de Navarra, exigían entre otras la supresión de la jurisdicción francesa de Aguas y Bosques, la anulación del Tratado de Límites con España de 1.785 que partía a Navarra y la nulidad del Decreto de Unión a Francia de octubre de 1.620.

El 8 de octubre de 1.789, la Asamblea Nacional Francesa cambiaba el título de Rey de Francia y de Navarra por el de Rey de los franceses. Los diputados navarros no estuvieron presentes, pues solo su presencia sería considerada como un acto  de adhesión a los decretos de la Asamblea Nacional Francesa, como una renuncia de Navarra a su soberanía, a su Constitución y a su independencia.

En Diciembre de 1.789 la Asamblea Nacional Francesa prohibió la forma de organización de los Valles, que fueron sustituidos por comunas en cada localidad, así como ordenó la inmediata partición y división de los bienes comunales. Pero la Administración Pública francesa no encontró solución de reemplazo, la gestión de los comunales quedó bloqueada durante casi cincuenta años. Es precisamente de esta situación de alegalidad, que surge la noción de indivisión, que ha permitido al Estado francés reconocer la situación de los territorios no divididos entre los municipios y en la necesidad de reconocer organismos a nivel de Valle que permitieran gestionar los bienes comunales.

Después de grandes tensiones se dictó en el Estado francés la Ordenanza Real de 4 de Junio de 1.838, por la que se reconoce la existencia de la  Comisiones Sindicales, con funciones parecidas a las Juntas Generales del Valle existentes al sur del Pirineo, tal como se las conoce hoy en día.

La Constitución española de las Cortes de Cádiz de 26 de octubre de 1.812, siguiendo las pautas francesas no reconoce la existencia de las comunidades de bienes comunales o indivisos, poniéndolas en situación muy delicada. Las Reales Ordenes de 8 de octubre de 1.836 y 31 de mayo de 1.837 ordenaron la disolución de las comunidades y la integración de los montes comunales en los términos de los recién creados ayuntamientos constitucionales de los pueblos. La administración del Estado español impuso la extinción de las comunidades vecinales, y solo autorizó la supervivencia provisional de sus Juntas a los efectos de la liquidación del patrimonio y de la administración de los bienes comunales.

La legislación forestal de Navarra fue aprobada en sus Cortes de 1.757, 1776, 1.780, 1.795, 1.818 y la última en las Cortes de Navarra de 1828 y 1829 donde se acordaron las Ordenanzas forestales de los montes de Navarra que respetaban los derechos de los vecinos a los bienes comunales y sus órganos de gestión y administración.

La Ley de 16 de agosto de 1.841 de las Cortes Españolas, por la que se desmantelan las instituciones del Estado navarro, aprobó en sus artículos 2, 3 y 4, que se seguirá aplicando la legislación de Navarra hasta la redacción de los Códigos Generales  españoles. El artículo 14 de la misma Ley, señala que “no se hará novedad alguna en el gobierno y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, Bardenas ni otros comunes, con arreglo a lo establecido en las leyes de Navarra y privilegios de los pueblos”.

En esta situación de semi alegalidad inciden las normas desamortizadoras, lo que origina un sinfín de conflictos entre las Mancomunidades, Comunidades de Valles, Juntas Generales y la Administración del Estado o particulares. Así los casos de Baztán, Aezkoa, Ameskoas, Roncal, Bardenas y Lokiz.

Frente a la Ley desamortizadora del Estado español del año 1855, las comunidades vecinales y las Juntas Generales de los Valles tuvieron que salir al paso, como la de Baztán, que se vio obligada a incoar el 29 de junio de 1863 un expediente de información posesoria para la exclusión de sus bienes comunales de la desamortización.

A los vestigios de nuestro sistema jurídico se les ha relegado a la condición de derecho de fondo, bajo un derecho superpuesto extranjero, español o francés. Muchas normas son consuetudinizadas, en un proceso de  degradación del derecho, necesitando el reconocimiento por los órganos legislativos y judiciales del Estado español. El actualmente denominado Derecho Foral Navarro en vigor, es únicamente el admitido y asimilado por el ordenamiento jurídico presidido por la Constitución española. Este es el caso de la vigente compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o la reciente Compilación del Derecho Civil Foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nuestro sistema jurídico, en realidad no es reconocido como tal, pues aún poseyendo un conjunto normativo, los órganos primarios que han de disponer en situaciones particulares, los Tribunales, son los del sistema jurídico español, deben recurrir al monopolio de la fuerza coercitiva  española y tampoco están estatuidos por el propio sistema, si no por el eufemísticamente llamado común.

Resistencia a la minoración y suplantación

A finales del siglo XIX y principios del XX la desnutrición de nuestro derecho, como tiene señalado Francisco Salinas Quijada, al verse privado de sus propios órganos legislativos y judiciales, lo había llevado a su entera postración. Es entonces, cuando surge una voluntad de recuperación del Derecho Navarro a una con el movimiento de regeneración cultural global, que agrupó a los intelectuales navarros, primero en la asociación Euskara luego en la Comisión de Monumentos de Navarra y desde 1.928 hasta 1.936 en la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza.

Una de las aportaciones más trascendentales de los juristas forales, entre otros,  Juan Santa María Ansa, Eugenio Fernández Asiain, Luis Oroz Zabaleta y Francisco Salinas Quijada fue, la positivización de nuestro Derecho con los recopiladores contemporáneos, para facilitar su vigencia y la práctica forense, redactando la vigente Compilación, al objeto de hacer frente al Código Civil español que amenazaba con anegar por completo el panorama jurídico navarro, así surgió el llamado foralismo contemporaneo. El foralismo utilizó la teoría del pacto foral como instrumento para resistirse a la aplicación del derecho castellano primero y como Código Civil español después. El foralismo es una actitud defensiva, pero no ha resultado útil hasta el presente para recuperar la soberanía normativa y todo lo arrebatado en los diferentes ámbitos del sistema jurídico propio.

El año 1912 se aprobó por el Estado el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra, que no contempla las realidades de la titularidad  y aprovechamientos de los bienes comunales.

La Excma. Diputación Foral de Navarra se vio obligada a defender los derechos de los vecinos y de los navarros en general ante las medidas restrictivas adoptadas por el Estado en los montes comunes y realengos, entonces llamados del Estado, así en la circular de 6 de mayo de 1.919 decía “Antes de ahora se ha pretendido limitar los derechos de Navarra en dichos aprovechamientos… en cuanto perjudica legítimos e imprescindibles derechos de todos los vecinos de Navarra”.

Sobre los aprovechamientos forestales en los llamados Montes del Estado, hoy devueltos, el 4 de julio de 194l la Excma. Diputación Foral de Navarra  dispuso “que todos los vecinos de Navarra que deseen aprovechar maderas o leñas, etc. para uso propio… lo participarán por medio de las alcaldías respectivas a esta Diputación…”. Lo mismo el 23 de marzo de 1.948 sobre el derecho a pastar ganado en dichos montes. El 30 de diciembre de 1965 la Excma. Diputación Foral de Navarra aprobó el programa de promoción forestal para “el máximo crecimiento y fomento del producto forestal… a disposición de los usuarios y el óptimo aprovechamiento de los recursos productivos, fuentes a su vez de actividades artesanas e industriales”. Este razonable programa desgraciadamente es todavía una asignatura pendiente de Navarra.

El aprovechamiento de los bienes comunales se hallaba en intima relación con la institución jurídica de la Casa, respaldada en las Leyes 48, 75, 128 y 377 de la Compilación del Derecho Privado Foral de Navarra.

La última minoración jurídica bajo el vigente ordenamiento español

Aprovechando la excusa de la puesta al día, cuando no directamente de la constitucionalización de la normativa navarra “preconstitucional”, con el paraguas del llamado Amejoramiento, se han suplantado las instituciones jurídicas navarras de forma solapada. Con el “nuevo estado de las autonomías” se han españolizado las instituciones navarras, despojándolas todavía más de su derecho para sustituirlo por el español.

Así en el campo del derecho público los casos de sustitución institucional son numerosos y generalizados, especialmente en el derecho administrativo local o municipal. Como la desaparición de un plumazo de la fundamental institución navarra de las Juntas Vecinales (oncenas, quincenas y veintenas) existentes en todos los municipios de Navarra. Lo que ha supuesto un gigantesco cercenamiento del derecho público local navarro en las instituciones más íntimamente relacionadas con la titularidad y administración de los bienes comunales. El vaciado de competencias administrativas a los más de cuatrocientos concejos, que han sido privados de sus competencias, urbanísticas, hacendísticas, etc. La desvirtuación y degradación del Tribunal Administrativo de Navarra.

Como consecuencia de la imposición del Código Civil y la posterior agregación de apéndices al mismo, con algunas “particularidades” de los llamados territorios forales,  se generó una clase de juristas conocedores de dichos apéndices del derecho privado de ciertas “regiones” del Estado español.  Lo que contribuyó a asentar un localismo jurídico en zonas de Vizcaya, Valle de Ayala, Aramayona, LLodio y en la Navarra reducida.  Provincianismo de ambiente caciquil, alentado y amamantado por los interesados  en fraccionar y minorar al máximo el corpus jurídico nacional dominado. Hoy existe otro foralismo, no defensivo que, por ser desmovilizador y adormecedor, favorece el proceso de minorización.

Tomás Urzainqui Mina