“Compilación de Navarra”- Código civil navarro

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“Compilación de Navarra – Código civil navarro”

 

Definición:

El Derecho civil resulta la manifestación más directa y trascendente  que en el campo jurídico genera la soberanía de una sociedad. La realidad de un sistema jurídico, y en particular su Código civil, acredita la existencia de la ciudadanía cuya soberanía lo hace posible. La Ley 1 de la Compilación dice que ésta “recoge el vigente Derecho civil del antiguo Reino, conforme a la tradición y a la observancia práctica de sus costumbres, fueros y leyes”. Dicha Ley se está refiriendo a Navarra como sociedad política viva, cuyo aforismo jurídico por antonomasia es “pro libertate patria gens libera state”.

La codificación se convirtió de una posibilidad compiladora  en una apremiante necesidad para Navarra, ante la presión de los Códigos español y francés, que pretenden asimilarla en las respectivas unidades de sus sistemas jurídicos, lo que traía la vulneración del Derecho navarro y su marginación al no realizarse la recopilación actualizada del mismo y la vigente integración propia del Derecho común europeo. La codificación además consiste en la tarea de reunir las leyes de una sociedad, por cada rama jurídica de su Derecho positivo, en un todo sistemático. La ventaja de la codificación se halla en la existencia de un código para cada rama jurídica (civil, mercantil, penal, enjuiciamiento, etc.) alcanzando unidad de poder legislador, época, orden lógico, ciñéndose a la estructura de un plan sistemático y armónico, haciendo más asequible su conocimiento, teniendo la condición de norma completa que hace inoperante la supletoriedad de otros ordenamientos como el Código civil español, facilitando la búsqueda y aplicación de las normas.

Juan Santamaría Ansa, analizando el Derecho navarro, opinaba que, “acaso lo que más valor normativo y de criterio interpretativo e integrativo de la norma tiene este antiguo Derecho, es lo que no puede recogerse en preceptos escritos ni confiarse a fórmulas de lenguaje: la concepción del Derecho como un orden de conducta, normado no por simples reglas jurídicas, sino, sobre todo, por superiores normas de justicia y de moral, en cuya sola función se reconocen y pueden ejercitarse socialmente los derechos; la consideración ambiente de que la Ley es sólo manifestación parcial del Derecho, que es necesario completar con los usos tradicionales y los temperamentos de conducta consagrados por las generaciones pasadas; el sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras; y la subordinación constante a criterios ideológicos hondamente entrañados en la idea del deber y de la solidaridad entre los hombres”. La trascendencia es más honda que su formación, pues, como Juan Santamaría Ansa escribió, “el Derecho civil navarro no subsistiría como tal Derecho, armónico y sistemático, si se quisiera reducirlo a instituciones determinadas que suelen citarse como esencias diferenciales, y que habrían de decaer irremediablemente una vez separadas del tronco jurídico de quien nacieron”.

El Derecho navarro, según Francisco Salinas Quijada, “es un Derecho de principios”. “Se trata, pues, de un ordenamiento jurídico, de un derecho normativo que responde a una realidad jurídica vivida, inmersa en la constitución social y económica del pueblo que creó y vive esas instituciones integrantes de un sistema jurídico, que cumple con su misión de regular acertadamente la vida social, jurídica y económica, de acuerdo con la geografía, costumbres, formación e ideas dominantes”.

En él todo es imprescindible; pero más que nada la recíproca relación de las instituciones, todas convergentes hacia una finalidad social de mantenimiento en la constitución soberana de la ciudadanía navarra y la perivencia de las normas en la vida de la sociedad civil. El Derecho navarro más que en la Ley escrita radica en una concepción de soberanía civil.

 

Antecedentes:

De ninguna manera se puede permitir la segregación de la larga historia del Derecho navarro y comenzar los antecedentes del mismo en las tareas preparatorias de la Compilación promulgada en 1973. El conocimiento de la larga cadena de textos normativos que han ido recogiendo durante siglos la vigencia y permanente actualización de un Derecho vivo y vigente, resulta imprescindible para entender su singularidad.

Los vestigios prejurídicos nos muestran  que la divinizada tierra, “ama lurra”, no podía ser propiedad de nadie. Sobre dicho estrato cultural de la comunitaria madre tierra, sin embargo, se evolucionó a una sociedad donde adquiere relevancia el hecho jurídico de la comunidad vecinal. La tierra ya no es la diosa madre, sino que se ha convertido en tierra de la comunidad, hauzalurhauzalor, con su propio derecho, aplicación y jueces, “hauzi”, “hauzapez”. La propiedad comunal de la tierra se constata en el reparto equitativo de los bienes, tanto inmuebles como muebles, deducible de los restos arqueológicos que nos muestran la  homogénea amplitud y envergadura técnica de las viviendas existentes en los poblados de la edad del Hierro I en el territorio de los vascones, la similar riqueza de sus ajuares (herramientas de hierro, cerámicas, útiles de hueso, piel, madera, cestería), lo que nos permite pensar en una mayoría de población con niveles equilibrados de recursos económicos. La existencia del territorio de propiedad comunal, así como de lotes de equivalente aprovechamiento agrícola y ganadero, sería la causa de la citada igualdad material. Estos poblados ocupaban poca extensión, pero abundaban, eran habitados por pequeños grupos que constituían en sí mismos unidades sociológicas completas, cuyos miembros se hallaban relacionados entre sí por lazos claramente normativos y culturales. Esta realidad jurídica, denominada comunidad vecinal, es con la que a su llegada se encuentran los romanos.

Las comunidades vecinales vasconas pervivieron durante la época romana.  Al ser poblaciones con una organización vecinal, se asemejaron con relativa facilidad a los esquemas jurídicos del municipio romano. El derecho de familia, vecindad  y propiedad comunal vigente era el propio del país. El “ius civile” se aplicaba a las personas que tenían la ciudadanía romana. El derecho penal a todas las personas pero acomodándolo a las leyes de cada comunidad particular, para determinados delitos se aplicaba el derecho del país. En los Foros de las civitates vasconas se aplicaba también el “ius gentium”,  intregado por un derecho económico y comercial, en los asuntos de obligaciones y contratos. El derecho era de aplicación personal, según el estatuto jurídico de la persona, no territorial. El individuo era reconocido en su individualidad como sujeto de derecho, independientemente de su  pertenencia a un colectivo étnico, o de su rango social.

A partir del siglo III en Vasconia se manifiesta consolidada la estructura socioeconómica prerromana, conectando con las nuevas relaciones socioeconómicas propias de una sociedad romana que se hace progresivamente rural en todo el Imperio. El cambio en la vida urbana y rural a partir del siglo III tiene su origen en trascendentales transformaciones socio-económicas del bajo imperio romano, y no en supuestas devastaciones y desolaciones generalizadas de ciudades y campos, realizadas por los bárbaros, que en cambio sí efectuaron acciones de pillaje y piratería. Los “ricos hombres”, denominación común en la Vasconia norpirenaica y surpirenaica, proceden de las estirpes de “possesores” rurales de “fundos” y “villae” que en la época bajo imperial romana constituyen las  elites locales. La aristocracia, o “ricos hombres”, de la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, son en muchos casos descendientes directos de los “possessores” romanos-vascones que mantienen hasta la modernidad sus patrimonios. Estos propietarios son interesados defensores y mantenedores del orden romano.

Las civitates romano-vasconas desarrollaron ampliamente su sociología jurídica en el marco de las instituciones municipales romanas. El origen etimológico de fuero es el latino “forum”.  El Foro es el término empleado para designar el lugar, la reunión donde se impartía justicia, además de tratar los asuntos de administración o colectivos. De ese simbolismo de foro, agora, surge fuero que ya representa el derecho, la justicia que se hace precisamente en dicho ámbito social y espacial. Más tarde para que la ley o norma escrita adquiera reconocimiento y autoridad se le denomina también fuero, como emanación de lo decidido en la asamblea vecinal, o pública, foro.

Los textos jurídicos más antiguos que se conservan dan a entender que son fruto de otros anteriores. Son trascripciones del derecho propio. Ya sean fueros locales o privilegios de clase, como los de militares o infanzones.  Es preciso retrotraer la aplicación del Derecho romano como supletorio desde la influencia hegemónica en Europa de los glosadores de la Universidad -Bolonia, París, Monpelier- en el siglo XIII, hasta la misma época del Imperio romano. Es decir, sin solución de continuidad, en Vasconia se ha aplicado el Derecho común o romano sólo para completar las lagunas del Derecho propio y de ninguna manera el derecho de los francos ni el de los godos. La mencionada continuidad entre la realidad jurídica vigente en la Antigüedad Tardía, que ha sido ya expuesta, y el Derecho pirenaico también llamado Foral, la encontramos tanto en la pervivencia de los sujetos jurídicos: las comunidades vecinales, las posesores o “ricos homes” y los monasterios, como en la misma cultura jurídica pirenaica propiamente dicha que adquiere la condición completa de sistema jurídico con el Estado europeo de Navarra, recogida en los textos legales, desde los fueros locales hasta los generales, donde el sistema jurídico pirenaico alcanza su desarrollo.

Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, hacia el año 1020, al otorgar el Fuero de Nájera, confirma un amplio abanico de derechos de la comunidad vecinal, tanto individuales como colectivos. Cincuenta años más tarde el nieto de Sancho III el Mayor, Sancho Ramírez, Rey de Pamplona, a partir del año 1077 otorgaba a Sangüesa, Jaca y Estella y a otros muchos núcleos de población sus Fueros. Cien años más tarde, Sancho VI el Sabio, rey de Navarra, concedía a San Sebastián, a Vitoria y a otras localidades sus Fueros respectivos. Los Fueros  de Pamplona, Estella, Tudela, Viguera, la Novenera y el Fuero General, tienen un denominador común y central en la regulación del Derecho vecinal, donde los bienes están en posesión de la comunidad vecinal, donde el vecino participa  en la regulación de los bienes comunales, pudiendo adquirir la propiedad de parte de ellos bajo determinadas condiciones. La familia se identifica a la casa y las distintas casas forman la Comunidad vecinal.

Guallart parece inclinarse a que los Fueros de Sobrarbe son una realidad como privilegio de infanzones cual parece deducirse del Fuero dado a Tudela por Alfonso I el Batallador el año 1122. El Fuero General en el cual han llegado hasta nosotros diferentes copias con antigüedad variable. La más antigua se habría recopilado hacia mitades del siglo XII. La “Mancomunidad de la Sierra de Albarracín” es una Universidad o Junta General de Valle, similar a las del resto de Navarra, que administra los bienes comunales de todos los vecinos por eso son llamados montes universales. Las instituciones sucesorias en Gascuña son las mismas que las de la Vasconia surpirenaica, según ha demostrado Jacques Poumarede. Los Fueros locales y generales de las tierras gasconas son semejantes a los de los vascones peninsulares, como puede verse en los trabajos de Paul Ourliac. Las instituciones jurídicas que rigen las comunidades vecinales y sus bienes comunales son semejantes que las de los vascones al sur de la cordillera.

El Fuero General e igualmente el Fuero Reducido establece que: “El concejo (de vecinos) de cualquier lugar, ciudad o villa, puede hacer cotos y paramientos (ordenanzas) por justicia, y aplicarse la pena, conviene a saber de pan y de pescado y de carne y sobre yerbas en su término, o sobre otras cosas semejantes, y como el conçejo los puede haçer asentar y poner, ansi los puede quitar”.  El Fuero Antiguo de 1234 recoge la constitución política del Reino y fue interpolado en el Fuero General, encabezándolo. Al igual que los Amejoramientos de Don Felipe y de Carlos III.

La conquista de 1512 paralizó el proceso de modernización  del sistema jurídico, lo que supuso un profundo retroceso en las reformas llevadas a cabo con anterioridad, impidiendo su avance y poniendo en práctica una auténtica  contrarreforma y minoración, que supuso, un férreo control castellano; así como la inserción de privilegios feudales en plena Edad Moderna y en muchos casos hasta muy entrada la Edad Contemporánea.   Esta contrarreforma se inició con la capitulación de Pamplona el 24 de julio de 1.512, donde se buscaba el rápido sometimiento mediante brutales amenazas y al mismo tiempo promesas de que nada iba a cambiar, de igual tenor que en Nájera en 1.076 y en San Sebastián en 1.202. Lo que de nuevo no sucedió, pues conforme se fue consolidando el poder castellano las instituciones jurídicas fueron sometidas a una profunda transformación y minoración. El nuevo “estatus quo” que impone el Rey de Castilla, trajo como consecuencia política la hibernación de la soberanía de Navarra, al estar sometida a un Rey de otro Estado que le impone su soberanía, su sistema jurídico y su legislación, la implantación de una contrarreforma jurídica basada en el fortalecimiento y la potenciación de la sociedad estamental,  los altos funcionarios y ejército permanente extranjeros, los privilegios para la nobleza, en el campo de  la tributación y en la práctica la minoración jurídica y el bloqueo al desarrollo y evolución normativa del sistema jurídico propio. Los visitadores generales, Inquisidores castellanos, elaboraban las llamadas “Leyes de visita” que nunca fueron aceptadas por las Cortes de Navarra como Leyes del reino.  Sobre el Fuero Reducido de 1528, cuya compilación se inició en 1511 por acuerdo de las Cortes de Navarra, las cuales tuvieron siempre la voluntad de que se promulgara, pero la monarquía española se negó reiteradamente a ello. En realidad el motivo era que no querían reconocer la Constitución soberana del Reino y su preeminencia sobre el propio monarca. Otro argumento es que en el mismo no se recogían las Ordenanzas llamadas de Visita, otorgadas por la Administración castellana ocupante. No obstante, la actividad y resistencia jurídica del Reino se plasmaba en la labor legislativa de las Cortes de Navarra que se recopiló en la Novísima Recopilación y en los Cuadernos de Cortes que concluyen con las de las sesiones de 1828-1829.

El desmantelamiento de las instituciones navarras alrededor de 1800, tanto al norte como luego al sur del Pirineo, obedecen a proyectos ideológicos de los nacionalismos grannacionales francés y español, no a supuestas revoluciones  burguesas liberales. En julio de 1.789 los Estados Generales de Navarra se dirigen a Luis XVI, exigiendo el restablecimiento del pacto y colaboración entre el Rey y la Asamblea en los siguientes términos: “Vuestra Majestad ha declarado solemnemente que quería devolver a sus súbditos el ejercicio de todos sus derechos: los de Navarra no son ni dudosos, ni  equívocos. Están fundados sobre el título que ha dado los Reyes a Navarra… esto no es ni una Constitución nueva, ni nuevos derechos que los Estados de Navarra piden a Vuestra Majestad. Por muy pobres que ellos sean, vuestros pueblos de Navarra no tienen necesidad para ser felices y libres más que ser lo que ellos han sido durante más de mil años”.

Durante el Imperio de Napoleón, miembros de la Diputación del Reino y de las Cortes de Navarra pusieron como exigencia principal la promulgación  del Código Foral y Constitución del Reino de Navarra para que el Reino de Navarra pudiera entrar a formar parte del Imperio francés, al mismo tiempo el único ejército que podía estar acantonado dentro de Navarra sería el propio. A esto se opuso el gobierno español del rey José Bonaparte que envió a París para evitarlo a sus ministros Azanza y Urquijo.

En 1841, el artículo 2º de la Ley de las Cortes españolas de 16 de agosto, por la que se efectuó el desmantelamiento institucional del Reino de Navarra, establece que “la Administración de Justicia seguirá en Navarra con arreglo a su legislación especial en los mismo términos que en la actualidad, hasta que teniéndose en consideración las diversas Leyes privativas de todas las provincias del Reino, se formen los Códigos Generales que deban regir en la monarquía”. En los artículos 3º y 4º de la misma Ley se reemplazan los tribunales navarros aplicándose la parte orgánica y de procedimiento de los españoles.

Los vestigios del sistema jurídico navarro quedaron relegados a la condición de derecho de fondo, bajo un derecho superpuesto español o francés. Muchas normas fueron consuetudinizadas, en un proceso de  degradación del derecho, necesitando el reconocimiento por los órganos legislativos y judiciales del Estado español. El actualmente denominado Derecho Foral Navarro en vigor, es únicamente el admitido y asimilado por el ordenamiento jurídico presidido por la Constitución española. Este es el caso de la vigente compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o la reciente Compilación del Derecho Civil Foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El sistema jurídico navarro, en realidad no es reconocido como tal, pues aún poseyendo un conjunto normativo, los órganos primarios que han de disponer en situaciones particulares, los Tribunales, son los del sistema jurídico español, deben recurrir al monopolio de la fuerza coercitiva  española y tampoco están estatuidos por el propio sistema, si no por el eufemísticamente llamado común, apelativo tomado del Derecho Romano que sí era común en Europa.

A finales del siglo XIX y principios del XX la desnutrición del derecho navarro, como tiene señalado Francisco Salinas Quijada, al verse privado de sus propios órganos legislativos y judiciales, lo había llevado a su entera postración. Es entonces, cuando surge una voluntad de recuperación del Derecho propio a una con el movimiento de regeneración cultural, que agrupó a los intelectuales navarros, primero en la asociación Euskara luego en la Comisión de Monumentos de Navarra y desde 1.928 hasta 1.936 en la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. Una de las aportaciones más trascendentales de los juristas navarros, fue la positivización de nuestro Derecho, para facilitar su vigencia y la práctica forense, redactando trabajos y monografías que posibilitaron la vigente Compilación, al objeto de hacer frente al Código Civil español que amenazaba con anegar por completo el panorama jurídico navarro.

 

Proceso compilador:

El  Decreto de 2 de febrero de 1880 del Gobierno español estableció que la Comisión de Códigos concluyera la codificación civil española. En lo que se refiere a Navarra, se nombró a D. Antonio Morales Gómez, que redactó la “Memoria que comprende los principios e instituciones de Derecho civil que deben quedar subsistentes como excepción del Código general, y los que pueden desaparecer viniendo a la unificación”, publicada según acuerdo de 18 de abril de 1884 de la Diputación de Navarra.

Más tarde se redactan Proyectos de Apéndice del Derecho civil navarro: a) De Antonio Morales, que lo tituló “Leyes especiales de Navarra”. b) De la Comisión de letrados de la Comunidad Foral, denominado “Proyecto de Apéndice de Navarra al Código civil”, a cargo de los Sres. Arturo Campión, García Echarri, Iñarra Echenique, y Echaido. c) El proyecto de Manuel Monreal, titulado “Leyes especiales de Navarra”.

En 1917, se redactó un “Anteproyecto de Apéndice para Navarra” por Victor Covián y Junco; el 30 de diciembre de 1929 un “Anteproyecto de Apéndice de Navarra al Código civil”, de Rafael Aizpún Santafé y Fernando de Arbizu, con 143 artículos; En 1930 el “Apéndice de Derecho navarro al Código civil”, del Ilustre Colegio Notarial de Pamplona, con 144 artículos y notas criticas, debidas en gran parte a Juan San Juan Otermin; en los años 1944 y 1945 “Anteproyecto y Proyecto de Apéndice de Navarra al Código civil”, de la Diputación Foral, con 156 y 157 artículos, respectivamente.

Con fecha 4 de agosto de 1946 la Excma. Diputación Foral de Navarra creó “el Consejo de Estudios de Derecho Navarro”, dentro de la cual se creó la Comisión  Compiladora de Derecho Civil de Navarra; bajo la dirección del Magistrado Juan Santamaría Ansa trabajaron con gran ahínco un grupo de juristas formado entre otros por Francisco Salinas Quijada, José Joaquín Montoro Sagasti, con la cercanía del secretario de la Diputación D. Luis Oroz Zabaleta. A este grupo se fueron uniendo otros juristas como Eugenio Fernández Asiain, José Javier López Jacoisti, Joaquín Abadía, José Miguel Arriaga Sagarra, José Luis Iribarren Rodríguez, del que surgió un amplio abanico de monografías por instituciones, redacción de anteproyectos y enmiendas que condujeron a la Compilación del Derecho Civil de Navarra.

En 1959 se publica el “Anteproyecto de Fuero Recopilado de Navarra”, dirigida por Juan Santamaría Ansa con 300 leyes. Tras su presentación a información pública, la Comisión Compiladora entregó a la Diputación Foral lo que denominó “Fuero Recopilado de Navarra”, con 325 leyes. El escaso tiempo concedido para información pública (15 días), así como la insuficiencia de esta Recopilación, hizo que la Diputación Foral creara una Comisión especial, reorganizara la Comisión Compiladora y asignara a ésta la doble misión de plantear una propuesta de redacción definitiva del “Proyecto de Fuero Recopilado” y de determinar el procedimiento a seguir para su promulgación. La Comisión especial redactó un informe sobre estas materias y lo presentó a la Diputación Foral en octubre de 1960. En 1971 se publicó la Recopilación Privada. Tanto la Comisión Compiladora, como la Diputación Foral, dieron su visto bueno al trabajo realizado, de suerte que la Recopilación Privada de 1971 pasó a ser Anteproyecto de Compilación del Derecho civil de Navarra. El nuevo texto fue sometido a información pública desde el 16 de julio de 1971 hasta el 22 de octubre del mismo año.

En el año 1973 la Comisión Compiladora de Derecho Navarro junto con la Comisión de Códigos del Estado Español formularon el texto definitivo de la Compilación Civil de Navarra. El Proyecto que llevó la Comisión Compiladora de Navarra fue asumido en su totalidad. Una Ley de Prerrogativa de 1933 se utilizó para promulgar la Ley 1/1973, de 1 de marzo, de Jefatura del Estado, que aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra.

Las modificaciones de la Compilación posteriores a su promulgación se han ido llevado a cabo  por el Parlamento de Navarra, pues tiene competencia exclusiva para la actualización del Código civil navarro. Cambios realizados hasta la actualidad, ajustándola a los cambios sociales, así el Decreto-Ley 19/1975, de 25 de diciembre sobre capacidad jurídica de la mujer casada y derechos y deberes de los cónyuges; Real Decreto-Ley 38/1978, de 5 de diciembre sobre la mayoría de edad que modifica la Ley 50; por la Ley 5/1987, de 1 de abril, se modifica una  parte importante de las Leyes referentes al Derecho de Familia, primando el principio de igualdad de las personas; la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, sobre las fundaciones y actividades de patrocinio, que incide en aspectos sustantivos civiles no meramente tributarios; los Decretos Forales: 90/1986, de 25 de marzo, sobre adopciones, acogimiento familiar y atención de menores; 166/1988, de 1 de junio, del régimen administrativo aplicable a la sucesión legal; y, finalmente 613/1996, de 11 de noviembre por el que se regula la estructura y el funcionamiento del Registro de Fundaciones y la Ley Foral 6/2000 para la igualdad jurídica de las parejas estables.

 

Descripción:

El Código civil navarro, o Compilación del Derecho civil foral, Fuero Nuevo, con sus 600 disposiciones, 596 Leyes (o Artículos), llamados así por respeto a la denominación que se aplicaba en las Cortes de Navarra, agrupadas en un título preliminar y tres libros, tiene una sistemática distinta a la del Código civil español, pues se observa una tripartición, de precedente romano, en que las obligaciones se hallan inmersas en los bienes.

Así el Título Preliminar, Leyes 1 a 41, regula las fuentes del Derecho navarro, la condición civil foral de navarro, el ejercicio de los derechos y la prescripción de acciones.

Libro primero, Leyes 42 a 147, trata de las personas y familia, de forma omnicomprensiva y completa, pues tratar de todas las instituciones que en el Derecho se refieren a las mismas.

El libro segundo, Leyes 148 a 345, recoge todo lo concerniente a donaciones y sucesiones, tal como lo recogió el Código francés; pero es precisamente en este libro donde se desarrolla el pilar fundamental del Derecho navarro, la libertad de disponer, tanto intervivos como mortiscausa.

El libro tercero, Leyes 346 a 596, rige los derechos reales y las obligaciones y contratos.

 

Sistemática de la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra:


LIBRO PRELIMINAR

Título I.           De las fuentes del Derecho navarro.

Título II.          De la condición civil foral de navarro.

Título III.        Del ejercicio de los derechos.

Título IV.        De la prescripción de acciones.


LIBRO I. DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA

Título I.           De las personas jurídicas.

Título II.          De las entidades y sujetos colectivos sin personalidad jurídica.

Título III.        De la capacidad de las personas individuales.

Título IV.        De la capacidad de los cónyuges.

Título V.          De la patria potestad y de la filiación.

Título VI.        De la adopción y del prohijamiento.

Título VII.       De los principios fundamentales del régimen de bienes en la familia.

Título VIII.      De las capitulaciones matrimoniales.

Título IX.        Del régimen de bienes en el matrimonio:

Cap. I. De la sociedad conyugal de conquistas.

Cap. II. De la sociedad familiar de conquistas.

Cap. III. Del régimen de la comunidad universal de bienes.

Cap. IV. Del régimen de separación de bienes.

Título X.          Del régimen de bienes en segundas o posteriores nupcias.

Título XI.        De las donaciones “propter nuptias”.

Título XII.       De la dote y de las arras:

Cap. I. De la dote.

Cap. II. De las arras.

Título XIII.      De la disolución de las comunidades familiares.

Título XIV.      Del acogimiento de la Casa y de las dotaciones.

Título XV.       De los Parientes Mayores.


LIBRO II. DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES

Título I.           Principios fundamentales.

Título II.          De las donaciones íntervivos

Título III.        De las donaciones mortis causa.

Título IV.         De los pactos o contratos sucesorios:

Cap. I. Disposiciones generales

Cap. II. Disposiciones especiales sobre pactos de institución.

Título V.          Del testamento y sus formas:

Cap. I. Disposiciones generales.

Cap. II. De las formas del testamento.

Cap. III. Del codicilo.

Cap. IV. De las memorias testamentarias.

Cap. V. Del testamentos de hermandad.

Título VI.        De la nulidad e ineficacia de las disposiciones mortis causa.

Título VII.       De la institución de heredero.

Título VIII.      De las sustituciones:

Cap. I. Principios generales.

Cap. II. De la sustitución vulgar.

Cap. III. De la sustitución fideicomisaria.

Cap. IV. De la sustitución de residuo.

Título IX.        De los legados.

Título X.          De las limitaciones a la libertad de disponer:

Cap. I. Del usufructo legal de fidelidad.

Cap. II. De la legítima.

Cap. III. De los derechos de los hijos de anterior matrimonio.

Cap. IV. De la reserva del bínubo.

Cap. V. De la reversión de bienes.

Título XI.        De los fiduciarios-comisarios.

Título XII.       De los herederos de confianza.

Título XIII.      De los albaceas.

Título XIV.      De la sucesión legal:

Cap. I. Disposiciones comunes.

Cap. II. De la sucesión en bienes no troncales.

Cap. III. De la sucesión en bienes troncales.

Título XV.       Del derecho de representación.

Título XVI.      Del derecho de acrecer.

Título XVII.     De la adquisición y de la renuncia de la herencia y de otras liberalidades.

Título XVIII.   De la acción de petición de herencia.

Título XIX.      De la cesión de herencia.

Título XX.       De la partición de herencia:

Cap. I. Disposiciones generales.

Cap. II. Partición por el causante.

Cap. III. Partición por contador-partidor.

Cap. IV. Partición por los herederos.


LIBRO III. DE LOS BIENES

Título I.           De la propiedad y posesión de las cosas:

Cap. I. Principios generales.

Cap. II. De las limitaciones de la propiedad.

Título II.          De las comunidades de bienes y derechos:

Cap. I. Principios generales.

Cap. II. De la comunidad pro indiviso.

Cap. III. De las comunidades especiales.

Cap. IV. De las “corralizas”.

Cap. V. De las “facerías”, “helechales”, “dominio concellar” y

“vecindades foranas”.

Título III.        De las servidumbres.

Título IV.        Del usufructo, habitación, usos y otros derechos similares:

Cap. I. Del usufructo.

Cap. II. De la habitación, uso y otros derechos similares.

Título V.          Del derecho de superficie y otros derechos similares:

Cap. I. Disposiciones generales.

Cap. II. Del derecho de superficie.

Cap. III. De los derechos de sobreedificación y suedificación.

Cap. IV. Del derecho de plantaciones en suelo ajeno.

Título VI.        De los retractos y otros derechos de adquisición preferente:

Cap. I. Disposiciones generales.

Cap. II. Del retracto gracioso.

Cap. III. Del retracto gentilicio.

Cap. IV. De la opción, tanteo y retracto voluntarios.

Título VII.       De las garantías reales:

Cap. I. Principios generales.

Cap. II. De las garantías fiduciaria y por arras.

Cap. III. De la prenda con desplazamiento, hipoteca, anticresis, derecho

de retención y depósito de garantía.

Cap. IV. De la venta con pacto de retro como garantía.

Cap. V. De las prohibiciones de disponer.

Cap. VI. De la venta con pacto de reserva de dominio.

Cap. VII. De la venta con pacto comisorio.

Título VIII. De las obligaciones en general:

Cap. I. De las fuentes y efectos de las obligaciones.

Cap. II. Del cumplimiento y extinción de las obligaciones.

Cap. III. De la rescisión por lesión.

Cap. IV. Del enriquecimiento sin causa.

Cap. V. De la cesión de las obligaciones.

Título IX.        De las estipulaciones:

Cap. I. De las promesas en general.

Cap. II. De la fianza.

Título X.          De los préstamos.

Título XI.        Del censo consignativo.

Título XII.       De los contratos de custodia.

Título XIII.      Del contrato de mandato y de la gestión de negocios.

Título XIV.      De la compraventa y de la permuta:

Cap. I.  De la compraventa.

Cap. II. De la venta a retro.

Cap.III. De la permuta.

Título XV.       Del arrendamiento de cosas.

 

Fuentes:

Los principios generales son los del derecho histórico que informan el total ordenamiento civil navarro y los que resultan de sus disposiciones, Ley 4.

El principio de libertad civil que consiste en hacer todo aquello que no perjudica a otro; por tanto, el ejercicio de los derechos de cada uno, no tiene más limites que los que afianzan a los demás miembros de la sociedad el goce de iguales derechos; pudiendo solamente las leyes determinar estos limites. Así la Ley 8 señala que “en razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro, las Leyes se presumen dispositivas”.

La libertad civil se manifiesta normativamente y patrimonialmente y a su vez esta última trasciende en el área contractual y en el área sucesoria. La equidad, como el criterio de los “homes buenos et cuerdos”, que se halla sustentado en numerosos textos de las leyes romanas que proclaman la fuerza interpretativa e integradora de la equidad como fuente material del derecho.

La buena fe se presenta como lealtad mediante la cual se debe observar la palabra dada, el compromiso adquirido o la conducta honrosa, según la expresión “bien y lealmente á todo lur poder”, de la Ordenanza LXXIII del año 413 del Consejo Real de Navarra. El principio de la unidad familiar y permanencia de la Casa objetivo al que se dirigen las Instituciones del Derecho foral navarro, la perpetuación de la familia y la continuidad de la Casa.

La integración e interpretación del Derecho civil de Navarra por la tradición jurídica Navarra, a lo que se agrega la analogía, a tenor de las Leyes 1 a 5, respectivamente, de la Compilación.

La tradición jurídica recogida en la Ley 1, donde se determina que como expresión del sentido histórico y la continuidad del Derecho civil de Navarra, conservan rango preferente para la interpretación e integración de las Leyes de la Compilación; y por este orden: las Leyes de las Cortes de Navarra posteriores a la Novísima Recopilación, la Novísima Recopilación; los Amejoramientos del Fuero; el Fuero General de Navarra; los demás textos legales como los Fueros locales y el Fuero Reducido; y el Derecho Romano para las instituciones o preceptos que la costumbre o Compilación hubieran recibido del mismo.

La analogía, ya que en la Ley 5 se establece que antes de aplicarse el Derecho supletorio deberá integrarse el Derecho civil navarro mediante la racional extensión analógica de sus disposiciones.

Y como Derecho supletorio, a tenor de la Ley 6, el Código civil español y las leyes generales de España sin que puedan aplicarse a supuestos distintos de los expresamente previstos. Es decir, dicho Derecho supletorio deberá responder coherentemente a los principios que informan la normativa Navarra, a su tradición jurídica, y a su racional extensión analógica, pues de lo contrario no sería un Derecho supletorio sino derogatorio.

 

Tomás Urzainqui Mina