De la minoración a la democracia del Estado nacional propio

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Una de las consecuencias más palmarias de la minoración de una nación, es que esta puede llegar a no ser en absoluto consciente de hallarse minorizada. A no sentirse, no darse cuenta, no percibir que está primitivizada, marginada y consuetudinizada. Que su Estado, su Sistema Jurídico, su Derecho, sus Lenguas, su Cultura, su Sociedad, su Historia, su economía, su población, su política, su territorialidad, etc., han sido sometidas a un nacionicidio prolongado y sus consiguientes lingüicidio, minoración social y psicológica, primitivización cultural, consuetudinización jurídica, marginación de su centralidad, etc.

De ahí probablemente que el acuerdo democrático de Lizarra-Garazi le falta esta fundamental matización y constatación, pues como mínimo no es suficiente afirmar que nos hallamos ante un conflicto histórico de naturaleza política con los Estados español y francés, es preciso dejar bien claro desde el inicio de la declaración que ha sido como consecuencia de la agresión, conquista y dominación de dichos Estados que aquí se padece una permanente situación de nacionicidio, con el proceso y postración de la minor  ación en todos los aspectos que hacen referencia en su más profundo sentido a la salud psíquica y cultural de la sociedad o ciudadanía, a los derechos humanos individuales y colectivos.

La recuperación del tiempo robado o perdido no es sólo una necesidad acuciante para la nación dominada, sino que lo es también para las naciones dominantes. Con respecto a la primera porque deberá liberar sus potencialidades sociales y recuperar la soberanía arrebatada, reconstruyendo su referente legitimador que es el Estado nacional propio, para poder hablar en un indispensable plano de igualdad con los otros dos Estados forzadamente interlocutores, por no haber sido elegidos libremente.

A estos segundos porques necesitan recuperar el tiempo perdido para homologar sus imaginarios colectivos y sus ordenamientos jurídicos a los principios democráticos y al respecto a los derechos humanos, y más concretamente a recibir e integrar en sus Derechos internos los tratados que han suscrito nominalmente, pero que hasta ahora han sido incapaces de formalizar y promulgar para que tengan valor dentro de su jurisdicción. Así la Carta de las Naciones Nacionales del año 1.991 ?, la Carta de las lenguas minoritarias, el derecho de autodeterminación, etc.

Cuando se habla de contencioso vasco, en realidad se está haciendo referencia desde un punto de vista político a la dominación de los Estados gran-nacionales español y francés sobre el Estado-nación europeo de Navarra, nación política, siendo Euskalherria la nación cultural, ambas denominaciones obedecen a dos conceptos de la misma Sociedad, pues navarro o vasco hacen referencia al mismo pueblo, pero mientras uno es un concepto jurídico-político, el otro es un concepto cultural.

Es preciso romper la rueda infernal legitimadora del Estado dominante, pues la insumisión, la desobediencia civil, solo sirve el final para que se adapte y se refuerce la dominación.

 

De la minoración a la democracia del Estado nacional propio.

Como señala Luhmann “todo lo que es tiene una historia que dura lo que dura su ser, pues aquella asegura de antemano el enlace entre los diversos componentes sociales (derecho, política, economía, etc.), mediante la apelación a un sujeto que otorga unidad al proceso histórico, es decir, al tiempo mismo de una sociedad entendida con mayúsculas”.

Luhmann propone: “una reformulación del pensamiento evolucionista que en lugar de  enfrentar binariamente tradición con modernidad o de englobar también binariamente, a la sociedad y su entorno dentro de una gran totalidad histórica, aísle y procese de un modo dinámico el concepto de diferenciación como motor de la evolución histórica”. Solo este método de  tematizar el tiempo, esta manera de tratar la dimensión temporal de la sociedad permitiría acceder a un análisis histórico  general y no fragmentado, unificado pero no unitario.

La postura de Luhmann no difiere esencialmente de las modernas corrientes metedológicas que han criticado convenientemente todo tipo de transcendentalismos y de teleologías en aras de un análisis histórico más liviano, en el sentido de más limitado al señalamiento de las condiciones estructurales, de las condiciones de posibilidad de los acontecimientos históricos y sociales.

La visión del poder como un “medio de comunicación simbólicamente generealizado” es sin duda una construcción ya consolidada de la teoría sistémica.

El poder consiste entonces en la posibilidad de condicionar una acción posible: en una gestión de las condiciones de la acción ajena.

El poder transfiere complejidad reducida, regula contingencias, establece un orden vinculante de preferencia entre la selección de alternativas, inscribe e imputa acciones a lo largo de la cadena comunicativa.

El crecimiento y el aumento del poder exigen crecimiento y aumento de la libertad de los sometidos. Ahí donde el poder es absoluto, ahí donde las posibilidades de elegir se reducen casi a cero, el poder se hace insignificante, casi tan ingenuo (por tan poco complejo) como la violencia pura.

Una sociedad compleja no puede recurrir  funcionalmente con poder brutal; este ha especializarse, normalizarse: actualizarse. Es decir, ha de ser susceptible de ser ejercitado de un modo despersonalizado, que lo haga al mismo tiempo universal y específico, al mismo tiempo amenazador y desafiable. Lo que significa que el poder ha de ser simbólicamente generalizado, de algún modo transcendentalizado. Esto se lleva a cabo efectivamente a través de su juridización.

Esta estatalización constitucional de discurso político no deja de ser sino la forma terminal y refinada de una primera codificación de lo político en torno a un principio genérico de superioridad: superioridad de un derecho más alto que legitima una decisión; superioridad de unos fines materiales que exigen la racionalidad jurídico-formal de los medios; superioridad de un orden normativo en el que justifica una desobediencia, superioridad,  en fin, de una norma constitucional entendida como obligatoriedad pura y que se vincula paradójicamente así misma.

El poder político a sabiendas que la insumisión carece de un blanco central donde apuntar, sino que además queda engullida en la paradoja jurídica del caso concreto: hasta el no-poder se no convierte en no-derecho muy específico, que a la postre sirve para verificar al derecho mismo.

Mediante el encadenamiento de pares de contrarios,  la misma figura jurídico-privada del contrato se convierte en opinión de Luhmann en instrumento de conservación y circulación de un poder genuinamente político, queriéndose así abrir una nueva vía de superación de la “fatal distinción” entre derecho público y privado” que tanto nos ha hecho olvidar que el derecho privado fue en su origen “ius civilis”, es decir, derecho político.

Es cierto que el derecho recibe de la política las  premisas o presupuestos de una actuación o de un procedimiento que se revestirá de una forma jurídico-positiva, así como de la capacidad de ser respaldado por la fuerza, y que a cambio, y como ya hemos dicho, el poder  político adquiere la inmensa ventaja de ser  jurídicamente codificado, es decir, de poder servirse de todas las cualidades expansivas y reflexivas del derecho, desde la espectacularidad soberana de la actividad legislativa hasta su alta capacidad para recoger y producir expectativas privadas.