El engaño del pacto político

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Existe un viejo concepto jurídico-político al que de forma renovada, expresa o tácitamente, se le da una importancia nodal en el análisis de la situación política. Se trata del llamado pacto político. Sin embargo, todavía es el día en que no se ha logrado explicar con un mínimo de racionalidad en que consiste.

Hoy, algunos,  lo quieren encajar en el ámbito del pacto constitutivo de la gran  nación -para la Constitución, el Estatuto y el Amejoramiento- rodeándolo del suficiente hálito de sacralidad que dificulte su cuestionamiento y lo pueda proteger minimamente de las preguntas indiscretas, ayudados con el condimento de Hegel y Ortega.

En realidad, sin embargo, el pacto político es un artificio, ficción o constructo, que enmascara una capitulación impuesta permanentemente, y reiterado con cada armisticio, sobre la nación política navarra y consecuentemente a la nación cultural, o euskal herria, pues ambas, nación política y nación cultural, son dos caras de la misma moneda, o mejor, del mismo pueblo.

El fraude viene de lejos, de cuando la Navarra occidental en 1.200, hoy territorio de la C.A.V., fue conquistada y ocupada, excepto la actualmente denominada Rioja alavesa que continuó siendo navarra al menos hasta el siglo XV. El rey de Castilla Alfonso VIII prometió que nada iba a cambiar en los territorios conquistados y confirmó allí momentáneamente el sistema jurídico navarro. Así lo hizo  saber a la Junta vecinal de la ciudad de San Sebastián y lo mismo ocurrió con la ciudad de Vitoria-Gasteiz e igualmente encomendando el territorio navarro de Bizkaia en señorío a un magnate castellano. Con anterioridad, el 17 de Octubre de 1.171, Irlanda había sufrido la invasión a manos de Inglaterra y siempre aquel suceso ha sido un referente para los irlandeses a la hora de interpretar su situación política.

Tres siglos más tarde Castilla conquista el resto de la Navarra surpirenaica y el rey-gobernador de Castilla, Fernando “El Católico”, vuelve, del mismo modo, en 1.512 a confirmar el ordenamiento jurídico navarro a Pamplona, ratificado después por Carlos I de España con las capitulaciones para el armisticio del ejército navarro de Fuenterrabia en 1.524. En la Navarra norpirenaica, ni primero en 1.620 ni luego en 1.789, tampoco Francia pactó nada, sino que impuso al fin las determinaciones de la nación francesa, así son las cosas a pesar de la edulcoración de Renan. Las fechas, que glosan las “negociaciones” de esos llamados pactos políticos, hacen referencia a enfrentamientos directamente armados, en la mayor parte de los casos, o bien situaciones muy tensas de auténtica guerra fría, siendo las más significativas las de: 1.200, 1.512, 1.524, 1.620, 1.789, 1.841, 1.876 y 1.978.

Todavía se ha llegado más lejos con el engaño del pacto político, al extenderse la creencia de que la asociación con el Estado anfitrión es fruto de un pacto que puede renegociarse y además un sector no desdeñable del nacionalismo periférico reconoce los hechos de la soberanía limitada y la autoridad compartida como si alguna vez hubiesen sido verdad, convirtiéndolo en objetivo político al que hay que regresar.

No en vano, la diferencia entre pacto y capitulación es sustancial. En el pacto se sobreentiende que se parte de la soberanía de las voluntades que concurren al mismo,  acordándose entre las partes concurrentes un contrato cuyo contenido es político. En cambio, en la capitulación no existe voluntad libre en una de las partes concurrentes; su consentimiento no es soberano, se halla viciado por la fuerza que ejerce el vencedor y ocupante. Así lo entendieron Sagaseta de Ilurdoz, Iturralde y Suit, Campión, Oloriz, Olave, Oroz Zabaleta y otros muchos.

Sin embargo, las partes contendientes que intervienen en el armisticio, por diversos y contrapuestos motivos, tergiversan y camuflan el sentido original de la capitulación:

a) Así la nación ocupante, al objeto de adormecer a los conquistados por la fuerza de las armas, trata de hacer creer desde el principio a los sometidos que lo que han firmado no es una capitulación, sino que es un pacto, o tratado, aunque sea desigual, por el que pueden seguir viviendo como cuando eran independientes y aún mejor, gracias a la protección y a las posibilidades de futuro del “proyecto común” de la gran nación en la que un buen día tuvieron la dicha de entrar a formar parte.

b) La nación ocupada, por su parte, se aferra como mal menor al documento de la capitulación, obtenido gracias al armisticio con la nación conquistadora. Pronto acabará llamando pacto a la capitulación fruto del armisticio, llegando a defender con ahínco que en realidad fue un pacto entre iguales, libre y conscientemente suscrito, que obliga a ambas partes y que ninguna de ellas puede unilateralmente incumplirlo.

El engaño del pacto político puede llegar a concebir que, como consecuencia del contrato, las partes, es decir, la nación dominante y la dominada, comparten la soberanía. Pero la soberanía es una o no lo es. Empezamos a oír la posibilidad de la soberanía compartida o de soberania limitada. Una sutil forma de endulzar la píldora, que, a pesar de ser tan burda, es utilizada por ciertos  politólogos a la búsqueda de casar lo incasable. La soberanía, por naturaleza, no puede ser compartida. Es contradictorio y antitético sostener la partición y el reparto de la soberanía dentro de un Estado.

Confiemos en que quede claro el trasunto metafórico del llamado pacto político, impropiamente utilizado en las relaciones desiguales y en el caso de Navarra, especialmente, desde 1.512. Pues como bien señala John Locke, “la mayor parte de las cuestiones y controversias que afectan a la humanidad residen en el uso dudoso e incierto de las palabras”. Esperemos que, por el bien de todos, esta anómala situación, se acabe transformando en  una clarificación conceptual que posibilite realmente las relaciones multilaterales e igualitarias de todas las naciones en el ámbito europeo.

 

Tomás Urzainqui Mina

 

 

Soberanismo y soberanía

 

El soberanismo, como teoría política, se está abriendo paso en la presente década de los noventa entre algunas naciones llamadas sin Estado; el  caso más conocido es el de Quebec. Se aprecia, no obstante, una separación en dos tendencias. En primer lugar la de los que entienden el soberanismo como un proceso “ex novo”, que tiene su base unicamente en la voluntad ciudadana de profundizar las instituciones democráticas hasta alcanzar su soberanía; por otro lado se halla el soberanismo que insistiendo en la anterior voluntad democrática busca recuperar la soberanía a partir de los restos de la misma que todavía se ejercen, pero con la perspectiva de la plena asunción y recuperación de la propia soberanía como Estado nación. Así, en Europa, recientemente, Letonia, Lituania, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Servia y Macedonia, han superado las fobias y las filias del nacionalismo de varios Estados gran-nacionales.

El sujeto del soberanismo, con el horizonte estratégico del reconocimiento del Estado nacional como sujeto soberano, mediante el ejercicio de la soberanía social, ciudadana o popular, es la misma afirmación del Ser colectivo en práxis soberanista. Que en realidad es el Tener colectivo, o estatalidad propia, que por coherencia democrática exige un correlativo Ser; es decir, la identificación entre el Tener y el Ser; entre poseer una sociedad diferenciada y su reconocimiento político interno y externo.

El tener colectivo se plasma no sólo en una lengua diferenciada y en un Derecho propio, sino en la existencia de instituciones de un sistema jurídico estatal; que no consisten en descentralizaciones, desconcentraciones, o reparto de competencias autonómicas, ni siquiera de una supuesta devolución de competencias, sino de restos de una soberanía propia. Estos residuos de la soberanía propia, hay que entenderlos siempre como testigos de la plenitud soberana. Entre los que destacan el Derecho civil, la soberanía fiscal, la función pública, el poder legislativo, las estructuras públicas, la planificación económica, etc.

Se trata de ejercer esos poderes con mentalidad y convicción soberanista, en la perspectiva de la recuperación del Estado nacional. En dos direcciones: por un lado, dando un sentido de plena soberanía al ejercicio cotidiano, por los ciudadanos y por la administración, del sistema que ya se posee; y por otro, recuperando y completando el sistema y estructura Estatal. Se trata de ir ejerciendo la soberanía de hecho y de derecho de forma simultánea y progresiva, ampliando cualitativa y cuantitativamente el ámbito soberano, solapándose en un proceso temporal el ejercicio de facto por el de derecho en cada una de las nuevas ampliaciones y consolidaciones del estatus soberano, entendido como un ineludible proceso social de profundización democrática, dinámico y progresivo.

La existencia de un sistema jurídico implica siempre la correspondiente soberanía propia. La soberanía es el predicado del sistema jurídico. El sistema jurídico para ser tal tiene que conformar un Estado. Tanto el sistema jurídico como su Estado son la misma soberanía, porque además es diferente a los sistemas jurídicos de los otros Estados. En un Estado no puede haber dos sistemas jurídicos, ni en un sistema jurídico dos Estados.. Cuando supuestamente un sistema jurídico se halla sometido a otro sistema jurídico de un Estado, el primer sistema jurídico automáticamente es minorizado, primitivizado y consuetudinizado, quedando en una situación de dependencia inerme del  sistema jurídico del Estado anfitrión. Por ello la autodeterminación no puede venir del ordenamiento constitucional de dicho Estado.

Sólamente, desde la afirmación del propio sistema jurídico de la nación dominada diferente al de la nación dominante, se recupera la soberanía. El propio sistema jurídico, cuando fue privado de su soberanía por la conquista y ocupación, padeció la disección de la cabeza, valga el símil orgánico, quedando el resto del sistema supeditado al sistema jurídico de la gran nación y de su Estado, pero continuando en potencia su estatalidad, como en estado de hibernación.

Los restos del sistema jurídico, al verse privados de sus poderes asentados en los órganos centrales creadores de Derecho -legislativo, judicial, ejecutivo y coercitivo-, quedan como jirones o vestigios de la propia soberanía arrebatada, pero de ninguna manera como elementos de una supuesta soberanía compartida en el Estado de la nación dominante. Así, por ejemplo, la competencia en materia de hacienda pública, también llamada soberanía fiscal, no es tanto una soberanía compartida como un residuo de la soberanía plena del Estado nacional propio. Lo mismo ocurre con la función pública, las infraestructuras públicas, o el poder normativo propio.

Nada de ello se debe confundir con el concepto de autogobierno, que es un apelativo de los entes de la administración regional y  local, sinónimo de autonomía o poder local en el interior del Estado. El autogobierno no es sinónimo de soberanía. Así lo entiende Herrero de Miñón cuando considerabala redacción de  la vigente Constitución española, como “la decisión en favor de una Gran Nación, tan grande como para contener, sin destruirla, una pluralidad de nacionalidades y regiones capaces de autogobierno”. Para ellos, desgraciadamente  la atribución de autogobierno no tiene el significado de autoorganización democrática y política real, ni  muchos menos como fruto de la autodeterminación.

Por tanto, la autodeterminación en el caso del Estado nación que ha sido privado de su soberanía, consiste en un acto, o más bien permanente actitud, de voluntad propia, por el que recupera la plenitud de su estatalidad cercenada por la fuerza. Se trata de una declaración de voluntad ciudadana,  formulada en clave de práxis social permanente, cuyo efecto no es meramente constitutivo, desde ahora, sino con efecto declarativo, desde el momento anterior al inicio de la pérdida de la soberanía.

La soberanía, por todo ello, jamás puede ser regateada ni negociada con el Estado nacional ocupante, sino ejercida y recuperada de “motu propio”. Es, por lo tanto, desde la clara afirmación y convicción social de que se posee un Estado nacional propio, taxativamente expresada y manifestada,  como se está en condiciones de recuperar plenamente todas las instituciones y competencias del sistema jurídico, que vertebra y conforma la estatalidad nacional.

Es a partir del comienzo del ejercicio de la voluntad soberana de la nación dominada, como se debe reiniciar la interlocución con la comunidad internacional, a pesar de los obstáculos que los Estados nacionales colocan en su férreo  monopolio de las organizaciones internacionales. La recuperación del espacio entre los Estados nación europeos, es cuestión de serenidad y firmeza en la defensa de los derechos nacionales soberanos. A este respecto, no hay que desdeñar ni los derechos históricos estatales de Navarra, en el contexto europeo, -que hasta 1.841 figuraba en los Diccionarios como Reino europeo, situado entre Francia y España- ni la correcta política de alianzas con otros Estados nación. No olvidemos que ya hoy, Navarra y la C.A.V., constituyen el único ejemplo en toda la Unión Europea de un nivel político competencial estatal en materia fiscal y económica; que es únicamente ejercido por los Estados nación miembros de pleno derecho de la UE. El paso que es preciso dar, para establecer una coherencia entre lo que se tiene y lo que se es, se deberá iniciar con plena conciencia y determinación, pero a la vez con naturalidad y sosiego.

 

Tomás Urzainqui Mina