Endeudados por el cupo

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       En los últimos años -a pesar de la crisis y del obligado endeudamiento público para pagarlo- la cuantía del cupo a pagar a Madrid por Alta Navarra se ha ido incrementando espectacularmente, hasta los casi seiscientos millones de euros, a lo que hay que añadir el IVA cobrado por el Estado, las cotizaciones navarras a la caja de la seguridad social española, la imposibilidad de acceder a las ayudas públicas, los carburantes, etc. Entre otras partidas presupuestarias del Estado español -que entran a engrosar el saldo deudor en el cálculo del cupo- están los Fondos de Compensación Interterritorial, que forman como se dice en el Convenio parte de las cargas no asumidas. Asimismo los intereses y cuotas de amortización anuales de todas las deudas del Estado, ésta partida es enorme dado el endeudamiento soberano de España, que en la realidad es el coste de financiación de un déficit originado por un exceso de gasto del Estado. Además, en los mecanismos de solidaridad del Estado español, Navarra contribuye hasta ahora en términos netos.
       El cupo según sus teóricos tiene como finalidad hacer frente al coste de lo que llaman eufemísticamente las “competencias no asumidas”, o gastos propios del Estado español, cuyo objeto “no ha sido transferido”. Lo más sorprendente es que el cálculo de la cuantía del cupo no tiene nada que ver con Navarra, así son agrupados bajo el nombre genérico de “las competencias no transferidas” del Estado, donde se incluye el 70 % de todos los gastos del mismo, como son los intereses y principal de la deuda soberana estatal (que ya asciende a un billón de euros, el equivalente al conjunto del producto interior bruto anual español), rescate bancario, obras de infraestructuras, trenes de alta velocidad, el coste del ejército y policía, … 

 
 Qué repercusión tiene en la economía navarra el hecho de que en la práctica resulta imposible prever anualmente el ajuste de los presupuestos. Ello deriva de la variabilidad resultante del eufemístico cupo o aportación. El cupo depende de esas variables estatales, sin ninguna relación con la realidad de los ingresos de las Haciendas de Navarra. El cupo que entrega Navarra al Estado no es una parte fija de sus ingresos por impuestos, sino que con independencia de que cantidad se haya ingresado de los contribuyentes navarros, lo señala después el Estado, aunque Navarra no haya ingresado suficiente. El porcentaje que supone el pago del cupo al Estado español en el conjunto de los ingresos de Navarra ha ido oscilando en los últimos veinte años hasta llegar al 22% del presupuesto de Navarra, lo que quiebra toda seguridad en la necesaria planificación y ejecución presupuestaria.

 
 
         

  
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 Mientras, las Comunidades Autónomas españolas de régimen común -todas menos la Alta Navarra y la marítima- desde 2008 han contado con la posibilidad de recurrir a medidas extraordinarias legisladas por el Estado español para paliar sus dificultades presupuestarias. Así el aplazamiento de las devoluciones correspondientes a las liquidaciones del sistema de financiación del régimen común, por cinco años ya prorrogados por otros cinco. Estos aplazamientos no los ha disfrutado Navarra, que no ha visto ampliadas sus disponibilidades financieras como las Comunidades Autónomas. Tampoco a Navarra se le ha aplicado el Plan de Pago a Proveedores, por el que se pone a disposición de las Comunidades Autónomas un mecanismo de financiación para saldar sus deudas, ni el Fondo de Liquidez Autonómico, que les da a las Autonomías del régimen común una financiación más barata que la de los mercados financieros. 
 
 Por otro lado, aunque Navarra tiene una mejor valoración por parte de las agencias de calificación crediticia, que las que le dan al Estado español y a sus Comunidades Autónomas, dichas agencias entienden que por la situación económica de España deben limitar los “ratings” de la deuda navarra a un máximo de dos escalones por encima del español. Así, por correcta que sea la política económica, fiscal y presupuestaria de Navarra, la calificación de su deuda y el coste de la misma dependerán siempre de las condiciones que se establezcan para España, sobre las cuales Navarra carece de cualquier capacidad de control o influencia. 
 

 Aunque el Estado español tiene una deuda estatal o soberana igual al montante de su producto interior bruto, está a cubierto de una amenazante quiebra por ser un Estado con el respaldo de la Unión Europea. En cambio Navarra, Estado europeo -con sus instituciones estatales hasta 1841- conquistado de continuo por los Estados español y francés, se está endeudando en el mercado financiero para poder pagar el cupo, tributo colonial, a España. ¿A Navarra quién le compra ahora su deuda pública, como el Banco Europeo lo hace con sus Estados miembros?. Encima el Estado español no le permite acceder a Navarra a esas ventanillas financieras.
 
 Además Navarra ingresa en la caja única de la tesorería de la Seguridad Social por las cotizaciones sociales mucho más de lo que recibe por pensiones contributivas. Navarra aporta mayor número de personas cotizantes que en pensiones contributivas y prestaciones por desempleo. En resumen, Navarra es contribuyente neto al sistema de la seguridad social por encima de la percepción de pensiones y prestaciones por paro. Lo mismo ocurre en la relación cotizantes/pensiones contributivas. Al igual que se mantiene en la relación cotizantes/prestaciones. 
 
 Aquí el cuponazo del cupo -que todos los años le toca a Madrid sin ni tan siquiera haber pagado el cupón- supone en la práctica un expolio fiscal efectivo, superior al que realiza España con Cataluña. El expolio fiscal surge del convenio/concierto, que necesita y constituye una red clientelar de intereses, incrustada en el poder autonómico. El fraude fiscal crónico y consentido en el ámbito de determinadas sociedades. Los grupos que monopolizan el poder autonómico en la Navarra oriental y occidental ocultan -por el soborno del fraude- el expolio fiscal que representa el cupo. Navarra padece una trama de corrupción en cuya cúspide se halla el cupo. La ciudadanía navarra paga los impuestos para mantener este sistema depredador.

 Tomás Urzainqui Mina