El Acuerdo de Lizarra, visto desde cualquier ángulo, configura la existencia de una nueva situación política radicalmente diferente, con respecto a la que había anteriormente y que algunos se empreñan en mantener. Ello, en sí mismo, ya supone un fecundo campo de reflexión, al haber, las organizaciones políticas y sociales que de alguna manera representan a una buena proporción de los ciudadanos, propuesto, por primera vez en mucho tiempo, el ámbito territorial, que desde hoy es marco democrático con independencia de los atribuidos por los Estados español y francés y con evidente influencia del actual contexto europeo y mundial. Esta afirmación de Lizarra que es programática va a tener, ni más ni menos, la transcendencia de convertirse en la piedra angular del futuro edificio constitucional en este marco de ciudadanía propio.
Pero ahora nos vamos a detener en la constatación clave del mismo, según la cual nos hallamos ante un conflicto cuyo origen es histórico y cuyo reconocimiento debe suponer el inicio de la necesaria recuperación de la soberanía política. Pues en las dos voces Navarra y Lizarra se pueden resumir las pistas para descubrir la salida al contencioso hoy planteado. La estatalidad navarra minorizada, con su sistema jurídico suplantado, consuetudinizado y primitivizado, que no otra cosa es la llamada foralidad vasco-navarra, representa el resultado del déficit político recibido. Algo muy diferente son los denominados derechos históricos de la Constitución española como veremos más adelante. Por otro lado, la declaración de Lizarra señala el déficit democrático actual. Si realmente se quiere entrar de forma definitiva por vías de solución a la grave problemática que afecta a la convivencia y aún a la existencia pacífica de todos, se deberán tratar conjuntamente ambas fundamentales limitaciones a los derechos democráticos, es decir, las recibidas y las actuales.
Sobre el déficit político arrastrado o recibido, que en realidad es fruto directo de la preexistencia del ya reconocido conflicto histórico, nos encontramos de lleno en el interior del mismo, que es la conquista, ocupación y dominación de Navarra y cuyos efectos hoy continúan. Las engañosas confirmaciones del sistema jurídico navarro por Castilla y España a continuación de las conquistas y conflictos bélicos, buscando el sometimiento tras los armisticios, son el mitificado origen de los llamados pactos políticos y de la sedicente foralidad, o derechos históricos constitucionales, cuyo objetivo no confesado es hacer permanente la relación desigual entre dominantes y dominados. A este respecto, sólo a efectos de prueba, que en este caso se hace necesaria para que se sepa la verdad, citaremos un testimonio original suficientemente ilustrativo, sacado de entre la infinidad de los que escenifican la relación desigual que padecemos, se trata del episodio descrito por el escritor español Correa, cronista de la conquista, sobre los acontecimientos de la guerra iniciada con la invasión en 1.512, donde el contrataque de los navarros, enarbolando una gran bandera roja con las cadenas doradas al grito de ¡Navarra!, y el choque con los castellanos y sus aliados que lo hacen al grito de ¡España!, concluye con cien navarros caídos muertos en el campo de batalla de la capital de Navarra junto a su bandera.
En cuanto al déficit democrático presente, tanto el conjunto de la sociedad como las personas individualmente se hallan condicionados por la aparentemente ineludible realidad, donde la posibilidad de configurar o modificar las estructuras del sistema es inalcanzable. Es decir, las relaciones y actividades sociales, culturales, económicas y políticas, están completamente limitadas por una normación que es ajena a la voluntad de la sociedad. Nuestra sociedad padece una fundamental carencia en materia democrática, que está en el origen de un sinfín de problemas derivados, de difícil solución vistos uno por uno. Al examinar cuestiones como: el origen de la legitimación del poder, la representación política, la soberanía popular, el estado-nación, la constitución, los estatutos y otras; podemos constatar que no se hallan tan distanciados como se quiere hacer ver de las realidades cotidianas que afectan a cada ciudadano y a la generalidad de sus derechos, así: laborales, culturales, lingüísticos, salud, medio ambiente, educación, hábitat, patrimonio, economía, seguridad, libertad, igualdad, pluralismo, sentimientos…
De ahí que nos interese contemplar los grandes efectos o consecuencias, que en la sociedad aparecen con mayor o menor crudeza y evidencia, desde la perspectiva de los paradigmas políticos que rigen el conjunto social. Es preciso una permanente puesta en cuestión crítica de todos los elementos que constituyen el sistema jurídico-político, pero empezando por los que son la clave de la bóveda. Es decir, la soberanía, la estatalidad y la nación.
Se ha hecho fijación exclusiva en el derecho a la nación, paradigma objetivo, pero se ha olvidado los derechos a la soberanía que pertenecen al paradigma subjetivo. Primero se sustituyó el paradigma subjetivo (soberanía) y a continuación el paradigma objetivo (nación). Se trata de una suplantación continuada. Por la que permanentemente son suplantados los derechos a la soberanía, al estado y a la nación. Sin embargo, el derecho a la soberanía, al estado y a la nación propios, es irrenunciable e imprescriptible. Por lo que únicamente el ejercicio consciente de esos derechos posibilita su recuperación. No son derechos negociables ni transferibles. Para su recuperación es imprescindible adquirir un estado de conciencia colectiva al que solo se llega mediante la comunicación y la información. Es necesario una clarificación y alejarse de la confusión de conceptos, ejemplos: conceptos históricos: conquista, ocupación, dominación; conceptos jurídicos: suplantación de la soberanía, del estado y de la nación; conceptos sociológicos: paradigma objetivo y paradigma subjetivo; conceptos políticos: Estado gran-nacional ( nacionalidades y regiones). Estado-nación.
Algunos vuelven a hablar como en los prolegómenos de 1.936 del sofisma de navarrizar España, sin embargo, la perspectiva de estos años demuestra que la triste realidad ha sido la de desnavarrizar Navarra. También hablan de la exYugoslavia como una situación que puede llegar a repetirse aquí, ocultando que lo que ahora hacen los serbios ya se hizo muchas veces antes aquí, la última en 1.936 y durante 40 años seguidos. Ante la reaccionaria dominación peninsular sostenida por el franquismo y ahora por el hegemonismo nacionalista español, se opone la libre y democrática relación ibérica, europea y mundial en plano de igualdad de todos los ciudadanos, de las ciudadanías y de las naciones.
La soberanía recibida, como residuo de la estatalidad tradicional, se complementa con la soberanía actual, nacida de la propia voluntad ciudadana. Ambas, la soberanía de la estatalidad histórica y la soberanía autodeterminativa presente en el desarrollo de los derechos ciudadanos, constituyen en realidad un sólo y simultáneo proceso soberanista por el que se recupera la soberanía estatal y se ejerce la soberanía ciudadana. Los efectos de este proceso soberanista no son constitutivos desde ahora, sino con efecto retroactivo desde el momento de la privación forzada de la misma.
Precisamente las necesidades que plantea el nuevo marco democrático declarado en Lizarra, que niega validez al marco establecido de las Constituciones española y francesa, del Amejoramiento y del Estatuto, y sus respectivas representaciones electorales, hace que con el ejercicio soberano de los derechos democráticos como nuevos ciudadanos adquiera un valor nuevo el ejercicio del voto soberanista, que exije no dar solo la relevancia a la presencia partidista en dichas instancias sino que la supedita y condiciona a la construcción del marco nacional soberano.
La conjunción del nuevo soberanismo, especialmente en la actual Navarra peninsular, debe cuajar políticamente en el bloque soberanista navarro, que en primer lugar se hiergue sobre el sistema electoral impuesto burlándolo, pues su objeto no es legitimarlo ni tan siquiera reconocerlo, sino acumular la fuerza ciudadana para crear el nuevo marco democrático. De tal manera que el voto al bloque soberanista navarro no es en realidad un voto para elegir representantes al llamado Parlamento Foral de Navarra o a las demás instancias políticas ya establecidas, sino que es un voto, en primer lugar a favor de legitimar el nuevo marco soberano nacional de Navarra, o Euskal Herria; en segundo lugar para designar de entre los nuevos ciudadanos a los que deberán ejercer la política soberana y en tercer lugar para buscar y obtener las mejores opciones soberanistas de cara a la consolidación del marco soberano nacional, que será estatal, fuera de los impuestos y caducos marcos estatales español y francés.
Tomás Urzainqui Mina
