De vez en cuando, surge la cuestión de un hipotético enfrentamiento, donde oponen lo que se da por incluido en el ámbito de lo público y lo supuestamente privado. Con este motivo, utilizan el calificativo de “privado” como sambenito para atacar a las entidades que se han creado en el seno de nuestra sociedad con enorme esfuerzo, cuando se trata de movimientos asociativos organizados, precisamente, para defendernos de la agresión a los valores colectivos más sentidos e indispensables, que van desde la recuperación de la lengua propia, pasando por la cultura, el derecho, la economía, la industria o el patrimonio, hasta el medio ambiente.
Los alegatos empleados son simples y reiterativos. Así la escuela nacional francesa, según sus valedores, sería socialmente pública, mientras que el sistema que supone la red de ikastolas sería privado. Interesadamente, se ciñen a dichos conceptos con sus significados estrictamente jurídicos o administrativas, cuando en la práctica quedan desnaturalizados, al entremezclarse los ámbitos de las respectivas sociedades y sus diferentes culturas, que además se hallan en planos políticos de manifiesta desigualdad. Y ocultan que dicha escuela francesa, nacional y republicana, aunque enseñara euskara, es tan privada para la sociedad de la Baja Navarra (Laburdi y Zuberoa) como un colegio inglés en París.
Es decir, esconden la premisa del interés de esa cultura dominante, que efectivamente podrá ser público en el ámbito territorial de su propia sociedad, pero que se convierte en un interés privado cuando se introduce en el seno de otra sociedad diferente. En este caso, inmediatamente se transforma en la escuela particular de la sociedad hegemónica, la francesa o la española, con la clara pretensión de imponerla a otra sociedad, como la navarra. Precisamente por ello, esta sociedad navarra, desvalida y subordinada, se ve impelida a organizar su verdadera escuela nacional, en permanente acto de autoafirmación y autoestima, ya que tiene derecho a desarrollar su cultura como pública porque oficialmente no se lo permiten, ni le reconocen abiertamente el derecho humano a hacerlo.
La recuperación lingüística llevada a cabo por las ikastolas ha producido como reacción, que los mentores del “colegio” o “escuela pública”, español o francés, se hayan visto obligados a tener que incluir en su sistema educativo los modelos para la enseñaza en euskera y del euskera. En esta forzada situación también se ha pretendido alardear del letrero de público, pero seamos claros: qué programas educativos, qué historia, qué valores sociales, culturales o políticos enseñan en estos centros. Evidentemente, no pueden ser neutros ni los más apropiados para esta sociedad, hoy subordinada, sino que pertenecen a la sociedad dominante, en verdad dueña, cultural y material, de dichos centros a través de su Estado gran-nacional, y ello a pesar del digno esfuerzo de muchos enseñantes para paliarlo. De este modo, las escuelas nacionales propias de las sociedades española o francesa, aún dándose en euskera o enseñando euskera, continúan siendo para nuestra sociedad navarra escuelas privadas españolas o francesas. Al imponernos sus escuelas nacionales se convierten en privadas y al servicio de sus sociedades, que en este contexto se convierten en particulares.
Los modelos educativos autonómicos o regionales no responden a los derechos de sociedades diferentes, como la navarra, sino que son escrupulosos transmisores de los programas de enseñanza confeccionados desde y para garantizar las esencias identitarias de la sociedad española o francesa organizando todo lo referente a la red, personal, programas, formación, valores y control del funcionamiento. Entonces, desde esta perspectiva, dicha escuela puede ser aquí tan privada como un colegio alemán en Pamplona.
La función pública no siempre es realmente pública para la sociedad a la que se dirige. En la enseñanza se trabaja directamente sobre contenidos culturales, de ahí que la cultura sea determinante. No es suficiente que la mayoría de los docentes pertenezcan a la sociedad a la que sirven y además hablen en su lengua, sino que es imprescindible que enseñen en la cultura del mismo país y directamente con ella la cultura universal, de lo contrario están expandiendo la cultura hegemonista de la sociedad del Estado gran-nacional dominante, español o francés.
Lo dominante y lo dominado, a pesar de la sutil confusión en que premeditadamente se sumergen, tienen sus propias esferas de lo público y lo privado. No confundirlo es un paso hacia delante para que la sociedad subordinada deje de serlo.
La conducta de desprecio privatista con el patrimonio cultural, de la cual tenemos aberrantes ejemplos, como la persecución al euskara y la destrucción de monumentos (arquitectónicos en el Palacio Real de Pamplona o en Itoiz, arqueológicos en la mayor parte de las excavaciones de Pamplona o en los descubiertos en la Plaza del Castillo…), demuestran que dichos componentes patrimoniales no son valorados propiamente como públicos por las instituciones autonómicas y centrales del Estado español. Son pruebas de que en la práctica desean su desaparición por ser los testimonios de la existencia de la otra sociedad. Esta misma consideración la tienen en general con los sectores económicos, sociales, culturales y políticos.
El cacareado bienestar económico, sin soberanía ni cultura, es la antesala de la barbarie, la esclavitud y la miseria cultural. Renunciar a la historia y a la cultura propia es renunciar a ser nosotros mismos. Si se desconoce la historia, el derecho, la cultura y la lengua propia, ya no existe esta sociedad sino la dominante.
Los pueblos bárbaros, al desparramarse por Europa en el siglo V, enfrentaron su derecho privado al derecho público de Roma. En aquellas sociedades germánicas (francos y visigodos), muy jerarquizadas, todo era propiedad del caudillo quien lo podía conceder arbitrariamente a sus súbditos. Desde que España y Francia invaden Navarra le impusieron permanentemente su cultura y derecho, con la intención de anularla.
Los partidos políticos, en mayor o menor medida, cierran los ojos y actúan como si sólo hubiera una sociedad, la dominante. Pero en el camino se encuentran con constantes excepciones, a las que se ven obligados a malinterpretar y tergiversar; achacándolas erróneamente a “particularismos”, “costumbres”, “usos propios”, “fueros”, “lo privado”, “regionalismos”, “provincianismos”, “localismos”, “nacionalismos”, cuando saben perfectamente que son la norma y la expresión general de una sociedad diferente, pero sometida. Parra ellos lo público, lo legal, lo correcto, es el ordenamiento jurídico de la sociedad estatal dominante. En cambio a las inoportunas expresiones de la inevitable sociedad dominada, le aplican los calificativos de lo atípico, incorrecto, alegal, privado, pues no debe tener territorio, soberanía, legitimidad, nación ni Estado propio.
La Navarra reducida, hoy llamada Comunidad Foral de Navarra, y la Comunidad Autónoma Vasca, que asimismo se halla en el ámbito de la Navarra occidental o marítima, se ven afectadas por el mismo fenómeno indistinto de trasposición del contenido conceptual, de lo público o lo privado en una sociedad subordinada. Eufemismos como “ley paccionada”, “amejoramiento”, “comunidad foral”, así como los suspiros jeremiacos de la “poca calidad democrática” o “el déficit democrático” de esta situación, no pueden tapar la realidad de una sociedad que fue soberana y hoy está subordinada a otra que sí lo es. Quieren emplear la pluralidad y aún la interculturalidad como subterfugios para camuflar la realidad. Pretenden ocultar o negar que aquí se superponen los intereses de una sociedad soberana, con su propio Estado gran-nacional, a otra sociedad dominada y despojada de su soberanía, cuyo Estado hoy no es reconocido.
En cambio, sin soberanía “lo público” pertenece en la práctica al ámbito del interés privado de la sociedad dominante, pues queda subsumido, en la relación de desigualdad entre ambas sociedades. Desigualdad que se impone mediante la subordinación al amplio abanico de intereses y contenidos de la sociedad que dispone de todo el poder de su Estado gran-nacional. Por ello, lo público sólo es ciertamente público en una sociedad soberana.
Tomás Urzainqui Mina
